Un estudio de la Fundación Paz & Reconciliación advirtió sobre el incremento de la presencia de narcotraficantes y bandas criminales en los sitios donde antes operaba la insurgencia. El Estado colombiano no ha podido garantizar la seguridad allí
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La dejación de las armas por parte de las FARC es un hito histórico de gran importancia en Colombia, pero la gran preocupación es que sus antiguos territorios son ocupados por bandas del narcotráfico y delincuencia común, advirtió un estudio de la Fundación Paz & Reconciliación.
El hecho más destacado en el último trimestre en Colombia, según el estudio “Cómo va la paz”, es la finalización del proceso de dejación de armas de la dotación individual de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que están en proceso para convertirse en partido político.
El pasado 27 de junio, Naciones Unidas certificó la dejación de siete mil 132 armas entregadas por poco más de seis mil 800 guerrilleros, es decir, “más armas que guerrilleros, un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo”.
LOS PARAMILITARES NO SE DESARMARON CON URIBE
El estudio indica que, al contrario de lo acontecido con las FARC, en la desmovilización paramilitar que tuvo lugar durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), la dejación de armas duró tres años y se “entregaron 18 mil 051 armas y se desmovilizaron un total de 31 mil 671 combatientes.
Es decir, un arma por cada dos paramilitares, o lo que significa lo mismo, casi la mitad de los desmovilizados paramilitares no entregaron armas.
Según el informe de la Fundación Paz & Reconciliación, con el cese al fuego bilateral que ha estado vigente desde el junio 2016, en Colombia se “ha salvado a más de tres mil personas de morir o quedar heridas en acciones relacionadas con el conflicto armado”.
De acuerdo con el reporte, “las zonas donde antes operaban las FARC han comenzado a ser copadas por organizaciones criminales o presentan una situación de anarquía criminal (…) Esto ha elevado la violencia homicida en algunos municipios”.
Las estructuras de las FARC operaron “en 242 municipios, se esperaba que estos espacios fueran ocupados por la institucionalidad estatal, sin embargo hacia estos territorios se han estado desplazando otras estructuras ilegales”. La expansión de grupos armados organizados (GAO) “ha sucedido en zonas en las que hay actividades de economías ilegales, como minería criminal y cultivos de uso ilícito”.
El llamado Clan Úsuga controla “estas pequeñas estructuras bajo la modalidad de franquicias. Esto permite que la expansión de las estructuras criminales en las regiones no se produzca con altos niveles de violencia, no hay confrontaciones y se hace uso de la violencia de manera selectiva, de allí los altos niveles de victimización contra líderes sociales”.