El Gobierno de Colombia anunció este jueves que solicitará ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas una segunda misión de observadores para verificar y garantizar la reintegración a la vida civil de los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de la paz.
La canciller colombiana María Ángela Holguín indicó que «cuando termine la misión del Consejo de Seguridad pediremos una nueva misión de observadores para la reincorporación de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), porque es lo que nos da tranquilidad para que esos acuerdos se cumplan».
La ministra acotó que se tratará de una misión distinta a la aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU para apoyar la aplicación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.
La diplomática explicó que pedirán esa misión de observadores a la Asamblea General «para el tema de la reintegración» o «reincorporación política, económica y social de las FARC-EP». Holguín agregó que esto «nos da tranquilidad para que realmente esos acuerdos sí se cumplan, porque lo peor que nos puede pasar es que pasen los años y ese acuerdo no se cumpla».
Asimismo, la jefa de Relaciones Exteriores de Colombia explicó que la solicitud se hará una vez concluya el periodo de 180 días que empezará a contar al día siguiente de la firma del acuerdo, es decir el próximo 27 de septiembre, y terminará en marzo.
La funcionaria confió en que esta misión «se va a dar», al destacar que las Naciones Unidas «está muy jugada con la paz en Colombia y el que se cumpla este aspecto de la reincorporación de las FARC a la vida económica y social y política es fundamental».
Por otra parte, la ONU hace parte del componente internacional del mecanismo tripartito para supervisar el alto el fuego bilateral y definitivo que entró en vigor el pasado 29 de agosto, en el que participan también representantes del Gobierno y de las FARC-EP.
La operación contará con unos 450 observadores, en su mayoría latinoamericanos y de los que una parte se encuentran ya sobre el terreno, pero el Gobierno quiere que una vez concluya el plazo de 180 días para la dejación de armas y desmovilización de las FARC-EP, se supervise la nueva vida de los insurgentes.