La Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (AN) sesionará este miércoles, a las 10:00 de la mañana, en la sede de la instancia legislativa, ubicada en el edificio José María Vargas, en la equina de Pajaritos, Caracas.
En la más reciente reunión de la referida comisión, celebrada el pasado 17 de septiembre, participó el viceministro de Atención al Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, Ramón García Utreras, quien ofreció un balance sobre las condiciones de la población adolescente privada de libertad.
Informó que 100% de adolescentes privados de libertad cuenta con un régimen de orden, disciplina, estudio y trabajo, pues se persigue que una vez cumplida la condena el joven pueda reinsertarse en la sociedad.
Refirió que el régimen diario de los jóvenes comienza a las 5:30 de la mañana y culmina a las 8:30 de la noche, y contempla actividades académicas, disciplinarias y socioproductivas.
Además, destacó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario cuenta con una escuela de fortalecimiento familiar desde la que se brinda apoyo y asistencia a los familiares directos del adolescente privado de libertad.
García Utreras detalló que 1.068 adolescentes están privados de libertad en los 32 centros de formación (centros de reclusión para jóvenes) de todo el país por homicidio, secuestro, violación, sicariato, drogas y robo agravado, delitos por los que un adolescente puede ser enjuiciado.
Sin embargo, aclaró, «no todos los hechos cometidos por los adolescentes merecen medida de privativa de libertad. El resto de las faltas obedecen a medida no privativas de libertad, entre las que resaltan: privativa asistida, semilibertad, amonestaciones verbales, medidas que siguen siendo sanciones pero no privativas de libertad».
De estos casos -refirió- «atendemos a un aproximado de 3.236 adolescentes».
«Hemos avanzado mucho en el desarrollo de políticas de transformación para los privados de libertad. Nos hemos convertido en un paradigma emergente para Latinoamérica y el mundo», dijo.
En torno a la población adulta privada de libertad, Utreras apuntó que 70 % también se mantiene bajo régimen de disciplina, con los mismos fines que la adolescente: las transformación social y cultural con base en el respeto de los derechos humanos.