Para este miércoles 9 de septiembre la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) convoca a los diputados y diputadas a una sesión extraordinaria de la Comisión Delegada en el estado Zulia, informó el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría del parlamento venezolano.
La información la dio a conocer el diputado a través de su cuenta en la red social Twitter @PedroCarreno_e: «Decretado Estado de Excepción en municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla. Mañana la AN sesionara en el Zulia».
Asimismo, indicó que en esa plenaria se dará en cumplimiento a lo establecido en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
«El decreto que declare el Estado de Excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad», señala el artículo de la Carta Magna.
Asimismo, agrega: «El Decreto cumplirá con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Presidente o Presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su Comisión Delegada, antes del término señalado, al cesar las causas que lo motivaron. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del Poder Público».
El Gobierno nacional amplió este lunes las medidas soberanas en la frontera con Colombia con la activación de un Estado de excepción en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla del estado Zulia que se suma al cierre fronterizo en Táchira con el propósito de constituir una nueva dinámica en la frontera regida por la paz, justicia y productividad.
Estas medidas en la frontera con Colombia implementadas por el Gobierno nacional buscan restablecer los derechos sociales y económicos de la población en esa zona, afectada por presencia de grupos paramilitares y mafias dedicadas al contrabando de extracción de productos venezolanos hacia la nación neogranadina.