La Comisión Europea ha decidido llevar a Hungría al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por «criminalizar» las actividades en apoyo a los solicitantes de asilo. La institución comunitaria eleva al tribunal con sede en Luxemburgo la legislación aprobada hace un año por el Parlamento húngaro que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a personas en situación irregular, al considerar que incumple la normativa de la Unión.
Según defiende la Comisión en una nota de prensa, este paquete legislativo «restringe el derecho de los solicitantes de asilo a comunicarse y ser asistida por organizaciones nacionales, internacionales y ONG relevantes al criminalizar el apoyo a las solicitudes de asilo», lo que considera una «violación» de dos directivas de la Unión Europea, concretamente la de procedimientos de asilo y la de condiciones de recepción.
Bruselas también entiende que la ley introducía nuevos motivos para declarar inadmisible una solicitud de petición internacional que excluyen a las personas que entran en Hungría desde un país «donde no son perseguidas pero que no cumplen con los criterios de un tercer país seguro».
Se trata del último paso del procedimiento de infracción abierto en julio de 2018, cuando la Comisión envió una carta de notificación formal a Hungría por la recién aprobada legislación, denominada ‘Stop Soros’ en alusión al magnate de origen húngaro George Soros que dona dinero a varias entidades de la sociedad civil. En la misiva, concluía que Hungría no estaba cumpliendo el derecho comunitario.
«En vista de la respuesta insatisfactoria [de las autoridades húngaras]», explica el Ejecutivo comunitario, siguieron adelante con el procedimiento de infracción con un dictamen el pasado enero. «Tras analizar la respuesta de las autoridades húngaras, la Comisión consideró que la mayoría de las preocupaciones planteadas aún no se habían abordado y decidió remitir a Hungría al TJUE».
La legislación ha sido desde un principio criticada severamente por diferentes organizaciones húngaras e internacionales. «Esta ley es una amenaza grave e inminente a los derechos humanos y a las personas que los defienden. La ley transforma en delito actividades de asistencia jurídica que se basan en el derecho europeo e internacional, actividades que son completamente normales», explicó Gábor Gyulai, director del programa de asilo de la ONG Comité Helsinki Húngaro, a eldiario.es.
Por otro lado, la Comisión también ha decidido enviar una carta formal a Hungría sobre la falta de provisión de alimentos a las personas que se encuentran detenidas en las «zonas de tránsito» húngaras en la frontera con Serbia. Bajo las leyes impulsadas por Viktor Orbán, los refugiados solo pueden presentar sus peticiones en las «zonas de tránsito», donde tienen que esperar el final de los trámites, incluido si apelan las decisiones, en lugares que, de facto –según denuncian las ONG–, son centros de detención.
Organizaciones locales e internacionales como Human Rights Watch comenzaron a documentar el pasado agosto que las autoridades húngaras dejaron de repartir comida a algunas personas cuya solicitud de asilo fue rechazada bajo la nueva legislación. Varios casos han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha dictado medidas urgentes obligando a Hungría a proporcionar alimentos a las personas detenidas estas zonas.
«La Comisión considera que las condiciones de detención en las zonas de tránsito húngaras, en particular la denegación de alimentos, no respetan las condiciones materiales establecidas en la Directiva de retorno y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», prosigue la nota de prensa. Brusela da un mes a las autoridades húngaras para que respondan a la misiva, tras lo que decidirá si sigue adelante o no con el procedimiento de infracción.
No es la primera vez que la Comisión Europea lleva a Hungría ante el tribunal de Luxemburgo. Ya lo hizo en julio de 2018 al considerar que su legislación sobre asilo y retorno no cumple con la normativa europea. Bruselas señalaba que las autoridades húngaras no dan a los migrantes «un acceso efectivo a los procedimientos de asilo» y critica también que los solicitantes de asilo sean retenidos «indefinidamente» en las zonas de tránsito sin respetar las garantías procesales que se aplican en estos casos.