En el Salón Sucre de la Casa Amarilla
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En el Salón Antonio José de Sucre, de la Casa Amarilla, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública realizó ayer una audiencia pública con las instituciones del Estado venezolano que resultaron objeto de agresiones durante los hechos violentos ocurridos entre los meses de abril y julio de 2017.
Larry Lavoe, secretario ejecutivo de esta comisión, señaló que el objetivo de esta audiencia es que la comisión pueda profundizar en las investigaciones que ha venido desarrollando en torno a cómo diversas instituciones del Estado que se avocan al servicio de la ciudadanía y prestan servicio para garantizar los derechos humanos se vieron afectados por esos episodios de violencia.
En esta audiencia pública -dijo Lavoe- estamos recibiendo los testimonios y aportes de 13 organismos del Estado venezolano, cuyas instalaciones y servicios fueron afectados durante los hechos de violencia. Comentó que según datos aportados por la viceministra de Educación Rosángela Orozco, 20 instituciones educativas fueron asediadas y víctimas de ataques durante estos hechos.
Señaló que el despacho de Educación ha tenido que invertir más de 80 millardos de bolívares para la recuperación de esas instituciones y restitución del mobiliario de cada uno de esos espacios para poder garantizar el derecho a la educación de nuestro pueblo.
Más de 1.200 establecimientos públicos y privados fueron afectados por los hechos violentos del pasado año, y citó que el Servicio Autónomo de Registros y Notarías “fue prácticamente incendiado, quemado, y tuvo que ser reconstruido por el Ministerio de Justicia para ponerlo al servicio de nuestra gente”.
Narró que en la audiencia escucharon al representante del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, “y nos contó como el servicio de suministro de agua potable fue afectado intencionalmente con la finalidad de quebrantar la tranquilidad y alterar la vida de nuestra población durante esos cuatro meses”.
Informó Lavoe que recibió los testimonios de las 13 instituciones, incluidas el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, “su dirección ejecutiva de la Magistratura que fue un blanco predilecto de los actos de violencia”, así como los ministerios de Energía Eléctrica, de Salud, de Alimentación, entre otros.
Dijo que el trabajo de la comisión creada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) consiste en realizar un trabajo serio para cuantificar los daños y el impacto que estos hechos violentos han generado, “para documentar cada uno de estos hechos y así evitar que vuelvan a repetirse”, explicó.
Lavoe, informó que todos estos elementos que presentaron las instituciones serán parte del informe que le corresponde a la Comisión para la Verdad, la Justicia y la Paz para la Seguridad Pública, presentar en su debido momento ante la Asamblea Nacional Constituyente.
91 SEDES DE SEGURIDAD DESTRUIDAS
Según datos aportados en esta audiencia pública, la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Suzany González, durante los actos violentos protagonizados por sectores opositores fueron afectadas 91 sedes de seguridad ciudadana en solo cuatro meses. Fueron inhabilitadas 64 patrullas y 188 mobiliarios entre equipos de oficina y de seguridad. 71 sedes de distintos órganos de seguridad del Estado sufrieron serios daños.
González dijo que más de 1.440 personas resultaron heridas, entre ellas 71% son funcionarios y funcionarias de los organismos de seguridad ciudadana. Aseguró que “el nivel de violencia que vimos durante cuatro meses de manera sostenida da cuenta de la experticia de nuestros organismos de seguridad ciudadana, que siempre han actuado apegados a la normativa y especialmente en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza”, enfatizó.
ATACADAS168 SEDES DE LA MAGISTRATURA
Jesse Arias, director ejecutivo de la Magistratura, señaló que este organismo tiene 395 sedes a escala nacional, “y solamente en la sede de Chacao sufrimos más de 40 ataques. En total 168 sedes fueron atacadas y específicamente los ataques iban destinados a dañar al Poder Judicial en sus sedes penales y civiles. Estamos acá para dejar constancia y solicitarle a esta comisión que no seamos nuevamente expuestos a tantas situaciones violentas”, recalcó.
SABOTAJE AL SERVICIO ELÉCTRICO
Durante los hechos terroristas, 14 estados del país resultaron afectados en el servicio eléctrico. Carabobo, Zulia, Falcón, Barinas, Lara y Distrito Capital fueron las entidades más afectadas según dijo Francisco Martín, vicepresidente ejecutivo de Corpoelec.
Narró que en estas acciones entre abril y julio de 2017 arremetieron contra muchas instituciones, “entre ellas Corpoelec, fuimos víctimas de esos hechos que pusieron en peligro todo lo que fueron los servicios de salud y transporte”.
A su juicio, los ataques no se concentraron en afectar a Corpoelec como tal sino a dejar sin agua, transporte público y todos los servicios que se derivan producto del sabotaje. Explicó que tuvieron que acometer trabajos de recuperación del sector con grandes inversiones para proveer el servicio eléctrico confiable y seguro.
Los ataques se perpetraron básicamente en las cajas de transmisión de energía eléctrica y distribución afectando la atención al usuario. “La mayoría de las acciones terroristas iban dirigidas a las oficinas comerciales y a derribar torres de energía perjudicando directamente a los usuarios, como ocurrió en días pasados”, apuntó.