La votación para la apertura del juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se llevará a cabo este lunes por la comisión especial parlamentaria de la Cámara de Diputados, donde se decidirá la admisión o no de juicio político en su contra.
El acto de votación está prevista para esta tarde, se espera que el relator Jovair Arantes presente los argumentos para continuar con el pedido de juicio.
La jornada continuará luego que 27 líderes de los partidos políticos realicen su relatorio en el lejislativo, luego la defensa de la mandataria procederá a exponer sus consideraciones.
El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, expresó que el juicio político solicitado por la derecha brasileña, respaldado el líder de Cámara Baja, Eduardo Cunha, está viciado por retaliación y presenta errores conceptuales, por lo que es completamente ilegal.
Cardozo también atribuyó todo el proceso a una «venganza» contra la mandataria.
De ser iniciado el juicio por la comisión especial, las negociaciones se centrarán en la votación del plenario de la Cámara de Diputados, prevista para el próximo viernes, que puede prolongarse durante el fin de semana.
El caso no pasará al senado si 172 diputados se manifiesten contra la apertura del juicio político o se abstienen en la votación para que la dirección de la Cámara de Diputados a archivar el proceso.
Por el contrario, la solicitud deberá tener el respaldo de 342 legisladores para que sea admitida, en cuyo caso pasará al Senado, el cual tal como lo indicó el Supremo Tribunal Federal tendrá la última palabra.
El jefe de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia, Ricardo Berzoini, sentenció que el procedimiento será derrotado cuando se vote en el plenario de la Cámara de Diputados.
«En el escenario más pesimista tenemos los votos para frenar el impeachment, y en el más realista podremos ganar con un margen confortable», argumentó Berzoini.
El abogado de la defensa precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el Presidente, de forma deliberada y durante el mandato que se imputa.
Cardozo añadió que cualquier tentativa de juicio político que no cumpla con todos esas condiciones es inconstitucional, ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado.