Tras cumplirse el periodo de funcionamiento de la Comisión por la Justicia y la Verdad (CJV) y acercarse el final del año de prorroga otorgado para el cumplimento de sus funciones, representantes del organismo anunciaron la difusión de un informe completo en el que entre otros aspectos se da cuenta de “más de 10.123 víctimas” de represión y violación de derechos humanos por parte de los gobierno de la Cuarta República, desde 1958 hasta 1998.
La información fue ofrecida por Ignacio Ramírez Romero, asesor de la CJV, y Aldemaro Barrios, coordinador de medios, quienes en compañía de Zair Mundaray, director general de Actuación Procesal del Ministerio Público (MP), inauguraron la exposición 40 años de oscuridad contra el silencio y el olvido… ahora le toca a la verdad. La muestra se ofrece en cumplimiento de lo estipulado en la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de Derechos Humanos por Razones Políticas en el Periodo 1958-1998, la cual ordena la difusión del tema, dar testimonio y presentar “pruebas fehacientes de la gravedad del estado de terror que se vivió” durante los gobiernos adeco-copeyanos.
A decir de Ramírez Romero, el documento da cuenta de la recuperación de 14 cadáveres considerados desaparecidos por más de 40 años, “gracias a las informaciones aportadas por familiares, compañeros de actividad política de las víctimas y habitantes de las zonas en las que fueron enterrados los cuerpos”.
En el documento, el cual según los voceros será divulgado “en poco tiempo”, las víctimas estarán discriminadas por categorías: desaparición forzada, asesinato, secuestro, entre otras. No obstante, el texto no contendrá datos acerca de los hechos ocurridos durante el levantamiento social conocido como el Caracazo, ocurrido el 27 de febrero de 1989, cuya sistematización está en proceso.
En la actualidad, se explica en el informe, cursan en el MP 402 investigaciones penales. También se exponen los detalles sobre la 32 exhumaciones realizadas durante las investigaciones en la que tuvieron una participación de primer orden un grupo de especialistas forenses del ente del Poder Judicial
Sobre los expedientes que reposan en la Corte Marcial, se relata que sirvieron para registrar a 1.837 víctimas. Asimismo, se hace referencia a la información incluida en los cuadernos de novedades de los teatros de operaciones que funcionaron a escala nacional en las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado.
El análisis de los expedientes relacionados con investigaciones contra combatientes y militantes de izquierda, que reposan en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, arrojó que hubo 2.630 víctimas civiles de la violencia. Además, se identificaron 1.302 víctimas directas de las extintas Dirección General de Policía (Digepol) y la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Otro de los aspectos que se aclara en el informe, explicó Ramírez Romero, es que en Venezuela durante el periodo analizado hubo torturas y desapariciones de opositores al Gobierno Nacional mucho antes de que estas prácticas fueran implementadas por las dictaduras surgidas en el Cono Sur.
“Es decir”, acotó el vocero, “que esa práctica que fue parte de un modelo, de un manual de persecución política para la cual fueron formadas nuestras fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, empezó a aplicarse por primera vez en Latinoamérica, aquí en Venezuela”.