La comisión especial de impeachment del Senado brasileño votó este jueves a favor del informe que presentó el relator del proceso, Antonio Anastasia, quien pidió la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff, y solicitó que sea sometida a juicio político porque según, existen “plenas razones” para ello.
Placar mostra resultado da votação na Comissão do Impeachment: 14 x 5 a favor do relatório de @Anastasia pic.twitter.com/on16aNQNAT
— Senado Federal (@SenadoFederal) 4 de agosto de 2016
La votación culminó con 14 senadores a favor y cinco en contra y la abstención del presidente de la comisión, Raimundo Lira, quien no se pronunció puesto que sólo podría hacerlo en caso de un empate.
Antes de iniciar a la votación, el presidente de la comisión, el senador Raimundo Lira, otorgó cinco minutos para que todos los congresistas dieran sus razones para la decisión que tomen sobre el informe.
El paso siguiente es que el informe será presentado en el pleno de la Cámara Alta y el próximo nueve de agosto se dará la votación para definir si Rousseff debe o no ser enjuiciada.
Para que esto ocurra, se necesita el voto de la mayoría simple de los senadores (41 de 81) y de obtenerlo, corresponderá al presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, convocar nuevamente al pleno de la Cámara Alta para decidir la suerte definitiva de la mandataria.
Esta última sesión se celebrará a finales de agosto y se calcula que puede durar hasta cinco días, la destitución de Rousseff dependerá de que sea aprobada por una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) del pleno.
De ocurrir todo lo contrario, Rousseff deberá ser absuelta y podrá recobrar el poder.
El abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, ha dejado claro que no existe ni un solo elemento con validez suficiente para sustentar el juicio político contra la mandataria.
Analistas interpretan este juicio político como un golpe de Estado parlamentario contra el Gobierno progresista y un atentado feroz contra las políticas sociales.
En la misiva que envió el pasado miércoles al Senado, Rousseff advirtió que la posible interrupción de su mandato representaría un riesgo para todo el país, porque «un gobierno sin respaldo popular no resolverá la crisis porque él mismo será la crisis, no será respetado y se volverá un obstáculo para la solución».
Dilma Rousseff está suspendida de su cargo desde el 12 de mayo por la Cámara Alta brasileña mientras se estudian supuestas irregularidades en el manejo de los presupuestos, por contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso.
En mayo, el Senado de Brasil votó a favor del juicio político en su contra, por lo que fue separada de la presidencia por un período de 180 días.