Una amenaza real a la libertad de Internet se ha quedado fuera de la atención pública mientras que el ciberespacio está en alerta por los proyectos de ley SOPA y PIPA en Estados Unidos.
El ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es un acuerdo que propone fijar la protección de la propiedad intelectual a escala internacional y supone multas e incluso encarcelamiento por infracciones.
El acuerdo, negociado desde 2008, ya ha sido firmado por Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur.
Todas las negociaciones sobre el tema se han realizado a puerta cerrada, filtrándose la información al público básicamente gracias a los esfuerzos de varios grupos de activistas informáticos, tales como Anonymous.
Hace poco, el colectivo descentralizado Anonymous se fijó en los acontecimientos de Polonia, cuyas autoridades anunciaron la firma del acuerdo el próximo 26 de enero.
La noticia provocó una serie de ataques informáticos que dejaron paralizadas durante dos días varias páginas web gubernamentales. Algunos portales declararon una huelga y se desactivaron siguiendo el ejemplo de la versión inglés de Wikipedia y otras páginas.
Aun así, las autoridades de Polonia reiteraron su intención de suscribir el documento. «El acuerdo ACTA de ningún modo infringe las leyes de Polonia ni los derechos de los internautas», dijo Michal Boni, ministro de Administración y Digitalización.
Sin embargo, el acuerdo obligará a los proveedores de servicios de Internet a vigilar todo el flujo de datos que manejan y así los responsabilizará de lo que hacen sus clientes en línea.
Por ejemplo, si una persona hace algo que pueda calificarse de «violación de derechos de autor» — como hacerse un tatuaje de un logotipo de alguna marca, sacar una foto del mismo y subirla a la red— corre el riesgo de ser desconectada de Internet, multada o incluso encarcelada.
Esto, por supuesto, presenta un golpe a la idea fundamental de Internet, es decir, el intercambio libre de información. Pero el ACTA no se limita solo a eso, sino que va más allá del ámbito de Internet. Si se aprueba, la ley puede imponer un estándar mundial para las patentes de cereales, por ejemplo, que acabaría con los agricultores independientes y llevaría a que el mundo dependiera completamente de los propietarios de patentes, o sea, de las grandes corporaciones.
El convenio establece que debe ser firmado y ratificado en 2013. Tomando en cuenta el secreto en que se guardaba esta nueva herramienta de censura hasta hace poco, el documento igualmente puede entrar en vigor sin que nadie lo note.