El asesor jurídico de las insurgentes FARC-EP Enrique Santiago aseguró que el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo constituye hoy uno de los desafíos del proceso pacifista colombiano, encaminado a finalizar el largo conflicto interno.
Alcanzar un acuerdo en esa dirección está resultando muy difícil pues el Gobierno argumenta que esa realidad ya no existe, en cambio reconocen sólo la presencia de bandas criminales, precisó el jurista en un artículo publicado por Marcha Patriótica.
Representantes gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), dialogan en Cuba desde 2012 con el propósito de hallar una salida concertada a la confrontación bélica, la cual dura más de medio siglo.
Conviene recordar lo ocurrido en la nación suramericana tras la firma del acuerdo de paz de La Uribe en la década de los años 80, cuando los grupos paramilitares en colaboración con el Estado perpetraron el exterminio casi íntegro del partido político de izquierda Unión Patriótica (UP), subrayó el abogado.
Durante ese genocidio -añadió- fueron asesinados más de cinco mil 500 militantes de UP (…) no será posible conseguir un tratado pacificador final, ya al alcance de la mano, de existir el más mínimo riesgo de que estos hechos vuelvan a repetirse.
Al referirse a los progresos de las conversaciones en La Habana entre ambas partes beligerantes Santiago admitió que cerrar el punto de víctimas, particularmente el acápite sobre justicia transicional, es una de las discusiones más controversiales.
El motivo principal por el cual no se acaba de aceptar el contenido de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tiene que ver con que ésta contempla competencia expresa para acabar con la impunidad de que han disfrutado paramilitares, políticos, funcionarios públicos y financiadores del paramilitarismo, comentó.
En su opinión en este momento sería importante que la sociedad colombiana y en especial las organizaciones de víctimas junto a defensores de derechos humanos exijan al Gobierno que respete los contenidos de la JEP, la cual prevé la persecución efectiva de todos aquellos que hasta ahora no han sido perseguidos y han continuado estimulando la conflagración.
Tal jurisdicción tendrá autoridad judicial para conocer hechos punibles no amnistiables, entre ellos graves crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, ejecutados durante el conflicto tanto por combatientes como por personas que hayan tenido cualquier relación directa o indirecta con la contienda.
Adicionalmente prevé indultos para delitos políticos y conexos.
En la capital cubana las dos delegaciones lograron consensos en los puntos de reforma rural integral, participación política y combate a las drogas ilícitas, además firmaron un pacto para la búsqueda de desaparecidos y un protocolo encaminado a desminar el territorio nacional.
Resta por establecer los términos del cese el fuego bilateral, dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora guerrilleros, además de poner punto final al espinoso tema de justicia.