“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Esta afirmación supone un fuerte contraste a la realidad nacional actual, aun cuando es función, deseo y objetivo del Estado garantizar los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos. Pero, así como ocurre en materia de seguridad, ocurre lo mismo en materia de tortura, discriminación, derechos económicos y sociales, y un sinfín de temas; lo que nos lleva a la evidente conclusión de que no basta únicamente con legislar y contar con buenos instrumentos legales para definir los derechos humanos sino también deben estar acompañados de ejecución de políticas y seguimiento que garanticen su cumplimiento.
Esto último es quizá el verdadero reto de los derechos humanos. Y, para que los derechos humanos no se conviertan en letra muerta, deben ser el eje fundamental en la formulación de políticas públicas, en las que los políticos se comprometan a cumplirlo a la mayor cabalidad posible y sean sujetos a evaluaciones y controles por órganos independientes y autónomos.
Los DDHH suponen los lineamientos fundamentales para cualquier sociedad moderna en la que seamos todas y todos iguales ante la ley y se garanticen unas condiciones mínimas para que nuestro género, raza, condición o lugar de origen no determinen nuestro destino sino sea nuestro esfuerzo y voluntad los que le den dirección a nuestra vida. Sin embargo, no basta con ello si no se corresponde con lo que vemos en la calle, con la realidad.
El rol de las instituciones debe guardar consistencia entre la letra y el barrio; como mencionaba Antanas Mockus (exalcalde de Bogotá) debe existir armonía entre la ley, la moral y la cultura. En criollo, las reglas formales expuestas en la Constitución, las leyes, ordenanzas tienen que ser las mismas con las que nos manejemos en nuestros barrios y suponer los límites y fundamentos con los que cada una o uno de nosotros traza la línea entre lo que está bien y lo que está mal.
En casi 70 años desde que existen los derechos humanos los avances han sido notables en buena parte del mundo. Conductas y situaciones que hace menos de un siglo eran normales y aceptables hoy son la excepción y son condenadas, producto de un cambio en nuestras leyes, nuestra moral y nuestra cultura a lo largo de los años como sociedad. Aun así, el camino por recorrer es largo y hemos visto como países que habían superado ampliamente disputas sociales y flagrantes violaciones a los derechos humanos pueden retroceder e incluso empeorar en muchos aspectos al punto desde el cual arrancaron con leyes mucho mas avanzadas y específicas. Los avances de una sociedad son progresivos pero no siempre lineales y requieren que exista consistencia en el Estado entre la legislación y la acción.
Los derechos, al igual que las mejores intenciones, pueden ser totalmente fútiles sin una correcta implementación.
Los altos cargos del Estado deben entender a plenitud las capacidades del Estado, la cultura y moral de los ciudadanos y la realidad que vive el país a la hora de legislar, distribuir recursos y ejecutar. Para que exista armonía entre ley, moral y cultura, debe existir coherencia entre políticos-funcionarios y las y los ciudadanos, pues si no termina la política por perder validez como mecanismo de representación y comunicación entre ley y cultura. Cuando esto ocurre, las leyes van por un lado y la gente por otro, y se vuelve difícil el cumplimiento de derechos básicos y de los instrumentos jurídicos sobre los cuales progresa una sociedad.
Las asignaciones presupuestarias, discursos gubernamentales, ejemplos empresariales y referencias sociales no pueden ir divorciados de los derechos humanos y esperar que la sociedad tome como parámetros culturales y morales los valores que desde las referencias carecen. No se puede esperar sinceridad en los ciudadanos de un pueblo al que se le oculte información, ni se puede exigir tolerancia cuando se pregona discriminación desde un curul o un escritorio gubernamental.
FAROS
¿Cómo volver al sendero de la convivencia? ¿Cómo arrancar de nuevo si nos salimos del carril? Mas allá de que ciertos derechos sean vulnerados de manera pública e irrefutable, de no existir consecuencias (incentivos y castigos) es casi imposible moldear conductas públicas y privadas para que los derechos humanos convivan de manera armónica entre nuestra ley, moral y cultura. Las exigencias ciudadanas a nuestros gobernantes y vecinos deben ser alarmas y costos que ayuden a guiar a quienes se han desviado a alinear la moral y la cultura a la ley.