Un grupo de venezolanas y venezolanos sexodiversos se concentraron ayer frente al Palacio Federal Legislativo para pedir una audiencia y solicitar la discusión del proyecto de ley de matrimonio igualitario.
Según Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, el documento fue introducido en la Asamblea Nacional (AN) el pasado 31 de enero, por lo que, en conformidad con la Constitución Nacional su discusión debe darse “a más tardar en el periodo de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado”.
Piermattei recordó que según el artículo 51 de la CN, todas las personas tienen derecho a dirigir peticiones a cualquier institución pública para exigir respuesta sobre cualquier documento consignado ante ese organismo.
En este sentido expresó: “Lo entregamos en enero (el proyecto), y está por culminar el segundo periodo legislativo de 2014 y aún no se ha dado la discusión del proyecto”.
TRATO IGUALITARIO
Piermattei señaló que el proyecto trata sobre un tema de vulnerabilidad de los derechos humanos del sector sexodiverso, y demandó recibir el mismo trato de otros grupos cuyos reclamos han sido atendidos por el órgano legislativo; este es el caso de los afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad y niñas, niños y adolescentes.
De aprobar la norma el Estado, dijo el vocero, “reconocería que ser homosexual no es un crimen y mucho menos un pecado”, además “de cumplir con el derecho a la no discriminación establecido en la Constitución”.
Especificó que entre los beneficios legales están la posibilidad heredar bienes entre parejas parejas, crear cuentas bancarias conjuntas, la adquisición de inmuebles, declarar el impuesto sobre la renta con el propósito de disminuir la carga impositiva y compartir otros beneficios, como un seguro privado.
Piermattei reveló que, de no lograr el objetivo de ser atendido su reclamo, por el cuerpo parlamentario introducirán un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar una decisión que de cumplimiento a lo establecido en la Constitución: “Un trato igualitario de para todas las venezolanas y todos y los venezolanos”.
INICIATIVA POPULAR
El vocero informó que el documento fue una iniciativa popular respaldada por más de 21 mil firmas de acuerdo con el artículo 204 de la Carta Magna, el cual señala que la iniciativa de las leyes corresponde, entre otros sujetos, “al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran”.
Manifestó que el proyecto de ley estuvo liderado por la Asociación Civil Venezuela Igualitaria y ratificado por 47 colectivos a escala nacional. También participaron como asesores un grupo multidisciplinario integrado por abogados, psicólogos y sociólogos.
UNIDAS EN ARGENTINA
Bárbara Correa, de 30 años de edad y Daniela Peña de 25, se tomaron de la mano, mientras levantaban un cartel con un mensaje de apoyo al matrimonio igualitario.
Esta dos venezolanas, residentes en los Altos Mirandinos, contrajeron matrimonio civil en Argentina el pasado 28 de junio. La decisión, además del componente emocional, forma parte de sus acciones para llamar la atención del Estado y del pueblo venezolano.
Para Peña, el Estado debe entender que las parejas constituidas por personas del mismo género tienen derechos como cualquier otra, “y uno de ellos es el derecho a casarse”.
“Es necesario casarse por muchas razones”, indicó Peña, y como ejemplo argumentó: “Si ella se llega a enfermar yo no tengo derecho a tomar decisiones sobre su salud porque legalmente en Venezuela no somos pareja”.
Con el acta de matrimonio como bandera, aseguran que el documento está registrado en las instancias argentinas, y que su lucha ahora es por impulsar la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, que les permita concretar su unión, pero esta vez en su patria, Venezuela.
NO HUBO ENCUENTRO
El presbítero César Sequera informó al Correo del Orinoco, vía telefónica, que las voceras y los voceros del grupo manifestante decidieron -al no ser atendidos en el Parlamento- protestar en las calles aledañas a la sede legislativa, de donde fueron retirados por la Guardia Nacional Bolivariana.