Un tribunal peruano condenó este lunes a prisión a 14 exfuncionarios acusados de recibir sobornos por preparar expedientes de indultos que firmaba el expresidente Alan García en su último gobierno (2006-11).
La Sala Penal Nacional impuso la mayor condena, 13 años y ocho meses de cárcel al extitular de la comisión oficial de gracias presidenciales, Miguel Facundo Chinguel.
El exfuncionario fue condenado por encabezar una organización criminal integrada por los coacusados y creada para cobrar sobornos a cambio de los indultos que firmaba García.
Facundo fue sentenciado por los delitos de cohecho pasivo y asociación para delinquir y el fallo señaló que encabezó una organización que manipulaba y hasta adulteraba los expedientes de reducciones de condena que García firmaba.
Tras la sentencia, el procurador Anticorrupción, Alex Segura recordó que está pendiente el caso del exministro de Justicia Aurelio Pastor, quien también está involucrrado en el caso y por el cargo que ejerció tiene derecho a una especie de antejuicio parlamentario
Al iniciarse las investigaciones del caso conocido como «narcoindultos», el exgobernante avaló a Facundo y asumió plena responsabilidad por más de cinco mil conmutaciones de pena firmados, más de tres mil para condenados por narcotráfico, y señaló que estudió los casos uno por uno.
Sin embargo, posteriormente dijo que no respondía por Facundo -quien años atrás fue su representante legal- ni por el manejo de los expedientes y reiteró que al decretar los indultos ejerció una potestad constitucional presidencial.
Según García, las acusaciones en su contra por los «narcoindultos» son maniobras de sus adversarios políticos para perjudicarlo electoralmente.
El exmandatario tiene pendiente una acusación constitucional aprobada por el pleno del Congreso de la República, por incumplir, con los «narcoindultos» las obligaciones, fijadas por la Carta Magna, de luchar contra el narcotráfico y acatar los fallos judiciales.
Entretanto, el jefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, exhortó a los candidatos presidenciales, como García, a fijar posición sobre la facultad de conceder indultos a condenados narcotráfico.
Otárola llamó a un debate sobre los alcances del artículo constitucional que otorga esa facultad al presidente de la República, y sugirió prohibir que se indulte a condenados por tráfico de drogas.
También reiteró su propuesta de que los partidos que competirán en las elecciones generales de abril de 2016, firmen un compromiso para impedir más «narcoindultos».