El Ministerio Público continuó el allanamiento a la Federación Venezolana de Fútbol, luego de que el pasado martes en la noche ingresaran a la oficina de Rafael Esquivel, expresidente del organismo, quien es investigado en Venezuela por legitimación de capitales.
Este miércoles las fiscales Neides Rodríguez, Yolaines Benaventes y Yerimar Agüero fueron las encargadas de coordinar y supervisar la operación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero esta vez en el departamento administrativo del ente más importante del balompié criollo.
Hasta ahora, el Ministerio confiscó la computadora de Esquivel y otros documentos. El procedimiento duró poco más de seis horas y los funcionarios alegaron que no estaban autorizados a dar declaraciones, mientras que empleados de la FVF, que prefirieron no revelar su identidad, aseguraron que todo se realizó con normalidad.
El ente público actuó motivado a una denuncia contra Esquivel consignada por una persona identificada como José Ramón Sevilla Ysseles.
“Los funcionarios se comportaron muy bien, fueron educados. Hay que recordar que no fue una allanamiento contra la Federación, sino contra Esquivel, en el que apenas se llevaron como ocho documentos y la computadora”, indicó Nelson Carrero, miembro de la junta directiva de la FVF, que el martes en la noche fue el encargado de recibir a los trabajadores públicos.
DEBILITADO
La salud de Rafael Esquivel empeoró en los últimos días en Suiza, donde está detenido, según confirmó Laureano González, actual presidente provisional de la Federación.
“No lo pude ver, pero su sobrino me dice que está deprimido. Tiene una pequeña insuficiencia renal y los abogados están trabajando para que salga bajo fianza debido a ese problema”, dijo.
PODRÍAN ALLANAR A LA CONMEBOL
La Cámara de Diputados de Paraguay derogó una ley que desde 1997 declaraba inviolable la sede administrativa de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en Luque, vecina de Asunción, por lo que no se descarta que en los próximos días pueden dictaminar allanamiento. “Nuestro país no puede hacer caso omiso de la realidad internacional. Es necesario facilitar la investigación de los crímenes de esta organización”, dijo el diputado paraguayo Hugo Rubín a los medios de comunicación de ese país. “Es una barbaridad que se haya otorgado a un ente privado la posibilidad de actuar en nuestro territorio al margen de la justicia”.