El Congreso de España aprobó la reforma del Tribunal Constitucional (TC) con el fin de castigar a aquellos cargos públicos que incumplan sus sentencias.
La ley fue enviada al Senado, tras una plenaria en la que fue expulsado el diputado, Amaiur Sabino Cuadra por el presidente del Congreso, Jesús Posada, luego de que Cuadra no se disculpara en su discurso, al haber roto páginas de la constitución española.
La ley, que contó el respaldo del Partido Popular (PP), fue calificada por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) como una nueva oportunidad que le da el PP a los independentistas en Cataluña a hacerse las víctimas.
«Es una ley punitiva con un sólo destinatario», ha denunciado el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor.
Carles Campuzano, de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), quien calificó la reforma de «despropósito» que «hiere de muerte a un tribunal gastado y tocado», acusó a la «derecha española» de estar instalada en la deriva «autoritaria» y lamentó que ningún ministro haya asistido al debate en el pleno, destaca EFE.
Mientras que los nacionalistas en el Congreso expresaron su rechazo contra la posición que ha tomado el Gobierno español, al no escuchar las demandas de la comunidad catalana luego de su referendo del pasado 27 de septiembre y en su lugar, estar impulsando leyes y reformas para castigar a sus autoridades.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró que con las medidas que ha tomado España, se busca «resguardar el Estado de Derecho».
En el Grupo Mixto, Compromis, CC, el BNG, Geroa Bai y Amaiur, coinciden en que el problema catalán «no se resuelve con sentencias» ni con una «reforma exprés» del TC, sino con diálogo, mientras que Foro Asturias y UPN han votado con el PP en contra de las enmiendas que pedían su supresión.