El Congreso legislativo de Perú citó para el 7 de diciembre al presidente Pedro Castillo para que asista a la sesión del pleno en la que se debatirá el pedido de destitución en su contra. El pedido busca destituir al mandatario apelando a la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer el cargo.
«Por disposición del señor presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del pleno que se realizará el miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 3:00 pm [20:00 GMT] (…) En dicha sesión se debatirá y votará el pedido de vacancia [destitución] de la presidencia de la República», se indica en el documento de la Oficialía del Parlamento, dirigido al jefe de Estado.
Un poco más temprano, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del país admitió a trámite una serie de denuncias constitucionales por infracción de la carta magna cometidas, presuntamente, por Castillo. En total se admitieron 5 denuncias de sendos parlamentarios opositores.
«Con 14 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite, en unos extremos, las denuncias constitucionales acumuladas contra el presidente Pedro Castillo, y ministros de Estado, por presunta infracción a la Constitución», informó el Parlamento a través de su cuenta en Twitter.
La subcomisión admitió las denuncias solo en el extremo de violación de la Constitución del mandatario al haber interpretado que el Congreso le negó el respaldo al Ejecutivo a través del mecanismo constitucional de la cuestión de confianza.
La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional en Perú por el cual el Ejecutivo pide el apoyo expreso del Legislativo en políticas o iniciativas de Gobierno, y está destinado a establecer un equilibrio de poderes.
El 17 de noviembre, el entonces primer ministro, Aníbal Torres, acudió al Congreso a solicitar el apoyo del Congreso para derogar una ley que regula la realización de referéndums para modificar la Constitución, aplicando la cuestión de confianza.
Torres argumentó que la ley debía derogarse para que las iniciativas de modificación de la carta magna no pasen previamente por la aprobación del pleno del Parlamento, y que sean decididas directamente por las autoridades en materia electoral que regulan las cuestiones relativas a la convocatorias a referéndums.
La Mesa Directiva del Parlamento consideró que la norma que pretendía derogar el Ejecutivo es clara sobre las competencias del Congreso para aprobar referéndums, por lo que rechazó lo hecho por Torres como una aplicación de la cuestión de confianza. Por este hecho, la subcomisión aceptó que el mandatario, así como su entonces primer ministro, violaron la Constitución, por lo que dieron trámite a las acusaciones constitucionales.