Constitución Nacional contempla la prórroga del decreto de estado de alarma

Es totalmente acertado extenderlo por 30 días adicionales ya que el presidente Nicolás Maduro todavía debe tomar decisiones sobre algunos mecanismos importantes en medio de la lucha contra el coronavirus, expresó el constituyente

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla la prórroga del decreto de estado de excepción y de alarma, ya que es un mecanismo que forma parte de los esfuerzos del presidente Nicolás Maduro centrados en defender la salud del pueblo del coronavirus.

El planteamiento lo hizo ayer Hermann Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), durante su participación mediante un contacto telefónico con el programa Al Aire, transmitido por VTV.

En ese sentido detalló que la primera declaración del estado de excepción contemplaba un lapso de 30 días para trabajar en el combate de la Covid-19, y además fue necesario tomar decisiones asociadas a la restricción de garantías como la libertad de circulación.

Asimismo, consideró que es totalmente acertada la decisión de prorrogar el estado de alarma por 30 días adicionales debido a que el presidente Maduro todavía debe tomar decisiones sobre mecanismos urgentes importantes en medio de la lucha contra el coronavirus.

“Esto no se trata solo de una pandemia, sino que hay un tema extremadamente grave que afecta en primer lugar el derecho a la vida y por supuesto la salud, pero que también afecta situaciones de orden social, económico, institucional de cada uno de los estados”, destacó.

En su opinión, las medidas tomadas por el Gobierno venezolano para combatir este virus han sido efectivas y tomadas con mucha prudencia. “En los mensajes del Presidente se le nota la preocupación para que mantengamos los índices de mucho cuidado y prudencia para que esto no se nos vaya a desarrollar como en otros países”, aseveró.

Destacó que en Estado Unidos, Brasil y Colombia las medidas adoptadas no han sido efectivas y por eso se han registrado un crecimiento exponencial tanto del número de contagios como de fallecidos por este virus.

ACCIÓN MERCENARIA VULNERA SOBERANÍA

Por otra parte, Escarrá expresó su rechazo al intento frustrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), pueblo organizado en unión cívico-militar y cuerpos policiales de la incursión marítima de un grupo de mercenarios por Macuto, estado La Guaira.

Reiteró su rechazó a las pretensiones de la extrema derecha de vulnerar la soberanía establecida en el artículo 1 de la Constitución venezolana.

“También es una violación del artículo 11, que se refiere a la soberanía plena de nuestros espacios geográficos, pero genera una situación, vamos a llamarla triangular, extremadamente grave en el orden geopolítico, porque el origen en lo inmediato está en Colombia y el origen de la planificación está en los Estados Unidos, de tal manera que es un hecho que habrá que evaluar con el mayor cuidado para tomar las medidas”, indicó.

Escarrá manifestó: “Gracias a Dios tenemos una cláusula a partir de la Constitución del 99 y de la llegada de la Revolución Bolivariana que es la unidad cívico-militar, lo que ha permitido una acción muy eficiente de las fuerzas de seguridad de Venezuela, tanto las militares como las policiales, pero también ha permitido una gran eficiencia de la inteligencia social, y en particular de Chuao, de la comunidad de pescadores, que actuaron en forma inmediata”, enfatizó.

CONTRATO INSÓLITO PARA VENDER LA REPÚBLICA

Escarrá, al referirse al contrato firmado por Juan Guaidó y la empresa Silvercorp, sostuvo: “Es hecho muy grave, extremadamente grave, es un contrato insólito donde se vende la República por 212 millones de dólares para que en un año y cinco meses sea un escenario de asesinatos, baños de sangre y de acciones de lo que ellos (sector opositor extremista) llaman fuerzas letales”.

En tal sentido, subrayó que en dicho contrato se coloca como primer objetivo al Presidente de la República, “el segundo objetivo es Diosdado Cabello (presidente de la ANC) y finalmente todos los voceros, dirigentes vinculados a la Revolución Bolivariana”.

Además sostuvo que en el mencionado contrato hay elementos “muy graves, hay aspectos que es interesante destacar, el primero de ellos, como ya dije, el objetivo primario es colocar a Juan Guaidó en la Presidencia de Venezuela y sustituir el ‘régimen’ de manera violenta, sustituir a las instituciones y al sistema político, pero también se establece un año para reembolsar el dinero que supuestamente se está dando, y debe ser cancelado, si hay una insolvencia, a través de pagos de barriles de petróleo, y en general en una pluralidad de contratos del Estado y de la administración pública”.

El constituyente señaló que en el contrato “llama tanto la atención la cláusula que ellos establecen según la cual se pagará un bono de éxito, supeditado a que la operación de muerte, para llamarla así, sea exitosa”,

Esta cláusula, expresó, “nos lleva a dos temas: un primer tema, de orden estrictamente penal interno, y hay normas que tienen que ver con los delitos de la independencia y la seguridad de la nación, que es cuando hay asociaciones con terroristas, paramilitares, insurgentes, subversivos que conspiran contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones”.

En el orden internacional, preciso que hay una convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobada en al año 1989, “contra el reclutamiento, la utilización y la financiación y el entrenamiento de mercenarios, porque, hay que decirlo, este es un contrato de mercenarios fundamentalmente, que es lo que las Naciones Unidas llama ‘soldados de fortuna”.

T/ Leida Medina Ferrer
F/ Cortesía
Caracas