El próximo viernes 19 de agosto terminarán en todo el territorio nacional las consultas públicas sobre el proyecto de Ley para Sancionar los Delitos, Torturas, Desapariciones y Demás Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998 y Reparación e Indemnización a las Víctimas.
Así lo informó este sábado David París, integrante de la Comisión Técnica de Consulta Pública organizada por la Asamblea Nacional, desde las instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
En el recinto universitario, el frente de familiares y amigos de las víctimas realizó distintos encuentros y mesas de trabajo con las instituciones competentes y medios comunitarios, a fin de enriquecer el borrador del Proyecto de Ley que ya fue aprobado en primera discusión por la AN el pasado 21 de junio.
Informó que el diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, José Javier Morales, así como la diputada del Parlamento Latinoamericano, Marelys Pérez, encabezaron la discusión en todo el territorio nacional.
Durante un contacto con el programa La Noticia que transmite Venezolana de Televisión, Paris refirió que el documento será «sometido a debate en círculos sociales, políticos y económicos en todo el país, para recoger elementos que lo enriquezcan”.
Añadió que el pueblo legislador no sólo ha aportado ideas, sino que también ha salido en búsqueda de los familiares de las víctimas, a fin de que den sus testimonios para que los casos sean llevados al Ministerio Público y se investigue la responsabilidad penal de los responsables de los crímenes.
Apuntó que las conclusiones deberán ser recogidas por el Frente de Amigos, quienes elaborarán el informe con las conclusiones y las presentarán ante el Parlamento Nacional, para que allí desarrollen el texto definitivo y sea llevado a segunda discusión en septiembre de este año para su posterior aprobación.
Recientemente fue creada una Comisión de la Verdad para promover la desclasificación de documentos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención,a fin de investigar los crímenes y sus responsables. La instancia está integrada por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la AN, entre otras instituciones.
Según estimaciones oficiales, al menos tres mil personas murieron, desaparecieron o fueron torturadas por razones políticas en Venezuela en operaciones comandadas por fuerzas de seguridad de los gobiernos que estuvieron al poder durante las décadas de 1960, 1970 y 1980.