Miles de personas salieron a las calles de Phoenix y Tucson, y en el norte de México para repudiar la entrada en vigencia de la Ley SB107, conocida como Ley de Arizona, la cual afecta directamente a la población de inmigrantes en ese estado de EEUU:
El saldo de arrestos en Phoenix superó la cifra de 30, cuando, entre otras acciones, los participantes en la protesta bloquearon temporalmente el tráfico frente a la sede del gobierno de la ciudad.
Entretanto, cientos de manifestantes provenientes de otros territorios estadounidenses como California, Texas y Nuevo México llegaron a Arizona, donde se estima existe un elevado racismo contra los hispanos, para repudiar la legislación. Movimientos sociales pro inmigrantes amenazan con recrudecer acciones en contra de la polémica ley.
Para muchos, la ley que acaba de implementarse siembra el temor entre la población de inmigrantes al punto de que «las personas tienen miedo de salir a las calles, de llevar a sus hijos a las escuelas», según expresó un residente de Tucson.
Por su parte, la gobernación de Arizona presentó, ante el IX Circuito de Apelaciones en San Francisco, su petición para que se levante el bloqueo ordenado el miércoles por la jueza federal Susan Bolton.
Con la apelación se pretende dar luz verde a una medida que criminaliza la inmigración ilegal, para que esta pueda aplicarse en su totalidad.
De acuerdo con un comunicado de la gobernadora Jan Brewer es urgente levantar el bloqueo «impuesto por la jueza Bolton contra ciertas provisiones de la SB1070» para que «entren en vigor mientras se deciden los méritos del caso».
En su decisión, Bolton ordenó dejar en suspenso elementos esenciales de la ley como la detención por la Policía de aquellos individuos sólo tomando en consideración el perfil racial del presunto sospechoso.
Además, el que los inmigrantes deban llevar siempre encima la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en Estados Unidos.
En Arizona residen alrededor de 460 mil inmigrantes sin un estatus regular, en su mayoría hispanos, mientras cálculos oficiales apuntan a que hay 12 millones de indocumentados en todo el territorio de la Unión.