Un llamado a fortalecer la cultura anticorrupción a través del poder popular o pueblo organizado efectuó este jueves el contralor General de la República, Manuel Galindo, durante su participación en los actos programados en el estado Portuguesa, en los llanos occidentales del país, con motivo de la celebración del XXXV aniversario de la Contraloría General de la entidad.
Instó a los servidores públicos del organismo a «salir a la calle, ir a los municipios por más lejanos que estén, fortalecer el contacto directo con la comunidad y promover la contraloría social».
Precisó que este año la misión de la Contraloría General de la República (CGR) será ejecutar «un proyecto macro que se basa en la cultura anticorrupción» y reforzar la preparación de las comunidades en materia de control y participación ciudadana.
«Cada año tiene 50 sábados, y esos 50 sábados vamos a hacer efectivo el trabajo de calle para fortalecer el contacto con la comunidad, con el poder popular», aseveró desde la plaza Bolívar de Guanare, capital de Portuguesa.
Galindo expresó que «el combate de la corrupción debe comenzar por casa», y de allí la necesidad de abordar directamente a las comunidades con talleres y programas que les capaciten para «asumir la contraloría», así como para cumplir con las formalidades de ley al momento de formular y ejecutar proyectos de infraestructura y/o de adquisición de bienes y servicios.
Exhortó a los contralores de estados y de municipios a planificar las mesas de trabajo para «fortalecer la cultura anticorrupción en y con las comunidades», y recalcó que durante su primer año de gestión, visitará de 60% a 70% de los municipios del país para incentivar la participación popular en la prevención de la corrupción, mediante el control de entes del Estado y de personas naturales y jurídicas que dirigen el destino de los recursos públicos.
«Nuestro mandato es prevenir la corrupción para recurrir en última instancia a sanciones administrativas, civiles y penales», explicó.
Galindo indicó que en 2015 la CGR también fortalecerá el apoyo a la Fiscalía General de la República para el desarrollo de experticias de carácter contable y financiero, que permiten calcular el daño patrimonial ocasionado a la República, en los casos penales que estén en investigación.