El contralor General de la República, Manuel Galindo, indicó la noche de este lunes que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz ha entorpecido la inspección por parte de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las 23 fiscalías superiores, así como en las fundaciones adscritas al Ministerio Público (MP).
“La Contraloría General de la República haciendo uso de las atribuciones constitucionales y legales ha iniciado una actuación de carácter fiscal en el Ministerio Público en las 23 fiscalías superiores a nivel estadal, al igual que de los entes descentralizados, vale decir las fundaciones adscritas al Ministerio Público lo cual la fiscal ha entorpecido, ha entrabado la función de la Contraloría General”, afirmó Galindo.
En declaraciones para Venezolana de Televisión, tras haberse sometido a la prueba del polígrafo efectuada por mandato del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Galindo explicó que esa actitud por parte de la titular del MP genera la aplicación de multas.
“Eso trae como consecuencia que se inicie un procedimiento de multa el cual debe ser notificado tanto a la ciudadana fiscal como a todos los demás integrantes del Ministerio Público en los próximos días”, detalló.
Especificó que esa citación se realiza una sola vez de manera personal y si no es recibida se realiza la notificación por cartel y a partir de ahí se cuentan 15 días para que se tenga como notificada. «Ahí comenzaría el procedimiento con todo el derecho que le da el 49 constitucional de hacer el descargo respectivo ante la Contraloría General de la República», agregó.
«Lo cual podría traer como consecuencia una vez que haga el descargo o la defensa que se imponga la multa respectiva y dependiendo de la gravedad del caso podríamos llegar a una inhabilitación si fuese necesario», aclaró.
SOBRE LA PRUEBA DEL POLÍGRAFO
El Contralor General de la República, por otra parte, aseveró que al someterse a la prueba del polígrafo lo que estaba haciendo era acatar una orden emanada del TSJ. «Lo que hemos hecho hoy es acatar una orden judicial, acatar una orden emanada de la sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que nos obliga dentro del estado de derecho a someternos a todas las pruebas que a bien tenga declarar el tribunal para esclarecer la verdad, la verdad debe salir a flote, la verdad se debe manifestar», aseguró.
«Con esta actuación se le está garantizando a la ciudadana Fiscal General de la República su derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, sin embargo vemos que ella se ha apartado totalmente del estado de derecho y continúa en una contumacia prácticamente diaria, reiterada», concluyó.