La Contralora General de la República, Adelina González, sostuvo este domingo en el programa José Vicente Hoy, que sí alguien está legitimado para solicitar una ley Habilitante para luchar contra la corrupción “ese alguien es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro”.
González aseguró que la solicitud del Presidente de crear una Ley Habilitante para este flagelo «no es un capricho», es un factor determinante para el proceso de cambio y el desarrollo del país.
“La ley Habilitante es para luchar contra la corrupción sea en el sector que sea, es una lucha frontal caiga quien caiga”, afirmó.
Dijo que el primer contralor del país es el Mandatario, citando el artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual expone que él es el administrador de la hacienda pública nacional.
Asimismo indicó que el esfuerzo para combatir la corrupción está creciendo, desde las instituciones hasta el ciudadano común quien se está incorporando y se atreve a ir a un órgano de control. “Antes nadie se atrevía, ahora tenemos personas preparadas para luchar contra la corrupción”, enfatizó.
Por otra parte agregó que los ataques hacía la Contraloría además de obedecer a un interés político también forma parte del desconocimiento de la función y del accionar de este órgano.
Explicó que desde el año 2000 el ataque hacía la Contraloría “fue feroz” porque llegaron a cambiar todos los esquemas que existían. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal no solo comprende órganos de control fiscal sino una superintendencia de auditoría interna, además señala, “que las máximas autoridades y niveles jerárquicos y gerenciales de todas las estructuras administrativas y los ciudadanos son auditores del sistema de control”.
La contralora destacó que las campañas de desprestigio en los medios de comunicación contra este órgano, el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros, es un ataque directo a las instituciones.
Explicó que la Contraloría trabaja conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los organismo regionales y municipales, además de las unidades de auditoría interna, contando así con 12.427 servidores públicos.
Finalmente reitero que desde el año 2000 mil 296 servidores públicos han sido sancionados con inhabilitación, destitución, suspensión y de esas sanciones se encuentran 243 vigentes a la fecha.