La libertad de expresión, abierta parcialmente tras la caída de la dictadura en 1958, desarrolló la denuncia con periodistas que buscaban la verdad, bajo limitaciones que los gobiernos del Puntofijismo imponían, pero aprovechando la rivalidad entre los empresarios venezolanos, interesados en controlar el poder político, sin intermediarios adecos o copeyanos.
Programas dedicados a la denuncia responsable, retrato de una Venezuela descompuesta por un modelo político y económico perverso, ganaron credibilidad en la audiencia: “Alerta”, “Archivo Criminal”, y “Tras la pista”, de RCTV, o “Reportaje’, de Venevisión, denunciaron problemas reales, con periodistas que acudían a las fuentes gubernamentales con la misma responsabilidad que a las fuentes que acusaban a los gobiernos.
En su discurso de presentación de la ley habilitante, el presidente Nicolás Maduro dijo que “… Erradicar efectivamente la corrupción exige, primero que nada, hacerla visible allí donde pretende ocultarse; de allí el valor trascendental del control popular, de la denuncia popular, del sistema de comunicación e información que tiene que darle mayor visibilidad al pueblo que reclama, al pueblo que denuncia” .
La oportunidad está dada para rescatar ese periodismo de denuncia que olvidó la TV privada, entregada hoy a hacer campaña al sector político que representan, que busca el poder para servirse de él, no para servir al público.
El Sibci puede llevar a cabo la denuncia responsable, con los recursos tecnológicos para confirmarlas, y con la tecnología para reflejarla en diversas modalidades (secciones especializadas, redes sociales visibilizadas en TV, reportajes especiales, etc)
La TV pública será referencia, siempre que ofrezca a los usuarios información útil y, con el apoyo del Gobierno Bolivariano, soluciones.