El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia, Jaime Arrubla, confirmó este jueves investigan al procurador general, Alejandro Ordoñez, tras ser acusado de haberse extralimitado en sus funciones en el fallo con el que inhabilitó a la senadora Piedad Córdoba por 18 años.
La CSJ de ese país informó que se adelanta una investigación a Ordóñez por la inhabilitación impuesta a Córdoba quien con la autorización de su gobierno sostuvo conversaciones con fines humanitarios con jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
«La Corte Suprema, en su sala plena, es el juez disciplinario del procurador, y ya hay una queja señalando que el procurador extralimitó sus funciones en ese caso», indicó Arrubla, según reportó el sitio web El Colombiano.
También, explicó que la investigación está en su fase preliminar y que comenzó un día después que el Procurador tomara esa decisión.
El pasado 27 de septiembre la Procuraduría General de Colombia inhabilitó por 18 años a la líder la organización humanitaria Colombianas y Colombianos por la Paz por la presunta promoción y colaboración con las Farc.
Según la Procuraduría, Córdoba “colaboró y promovió a las Farc durante el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 20 de noviembre de 2007, así como en momentos anteriores y posteriores a los años 2007, 2008 y 2010″.
Por su parte, la activista humanitaria afirmó que su relación con las Farc fue parte de los procesos de liberación de retenidos por el grupo armado que ella promovió y encabezó y que contaban con el aval del ex presidente, Álvaro Uribe (2002 – 2010).
Además, añadió que el procurador Ordóñez no garantiza imparcialidad, por lo que pidió que el fallo fuera revisado.
Según el presidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, la sanción aplicada por la Procuraduría debe tener el respaldo de ese organismo al cual le corresponde decidir si un congresista es destituido o no.
Álvarez también indicó que la senadora “tiene derecho a solicitar la suspensión provisional del acto, pero eso debe resolverlo el magistrado que asuma el caso», expresó.
Por último, el presidente de la Corte resaltó que en un máximo de seis mes el organismo debe fallar sobre el caso.