El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, admitió el reforzamiento este viernes del patrullaje policial en la frontera con Nicaragua, casi dos años después del conflicto en torno a isla Calero de octubre de 2010.
«Nunca en la historia el país se ha ejercido la autoridad de la policía en esa zona con tanta intensidad. Ni siquiera durante las guerras de los 80», afirmó el integrante del gabinete de Laura Chinchilla.
Zamora declinó dar detalles de cómo se vigila la zona limítrofe contra el narcotráfico y contra el gobierno del vecino país, al que calificó de «adversario hostil», según el diario La Nación.
«Por tierra, mar y aire seguimos ejerciendo nuestra soberanía, pero sería suicida dar toda la información», dijo y agregó que con la habilitación de caminos, ahora es posible patrullar sin depender de estaciones policiales.
Costa Rica planifica instalar cinco megadelegaciones a lo largo del área fronteriza con Nicaragua, pero todavía no se sabe en qué puntos, adelantó.
«Eso será una segunda fase, cuando se concluya la ruta 1856», puntualizó, en alusión a la vía paralela al nicaragüense río San Juan, que las autoridades ticas procuran salvar en medio de las lluvias.
Mientras, el Ministerio Público investiga posibles casos de corrupción en la contratación de la polémica obra, considerada la peor construida por un gobierno en Costa Rica.
El reforzamiento de la seguridad comenzó a raíz de la controversia desatada por Costa Rica frente a la determinación de la administración de Daniel Ortega de iniciar labores de dragado en una sección en la desembocadura del delta del San Juan.
Los cuestionamientos giraron en torno a la implicación de militares en el proyecto, al frente del cual fue nombrado el excomandante guerrillero Edén Pastora.
Costa Rica, incluso, demandó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en Holanda, que ordenó a ambos estados a abstenerse de enviar y mantener militares o policías en isla Calero.