El gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, anunció este lunes la creación del estado mayor comunicacional, iniciativa propuesta por la organización Clase Media Revolucionaria para contrarrestar la canalla mediática de algunos medios de difusión masiva regionales.
Según el mandatario, algunos grupos hegemónicos monopolizan canales, emisoras y prensa escrita para usarlos “como armas contra el pueblo” y así fomentar la mentira.
Retrató lo ocurrido luego de las elecciones, cuando medios como las emisoras ULA FM y 102.7 FM, supuestamente falsearon la verdad y juzgaron sin hacer periodismo de investigación “para crear confusión y mentirle al pueblo”. Incluso, “llegaron a decir que por órdenes mías fueron a quemar el Camiula (Centro de Atención Medico Integral de la Universidad de Los Andes), cuando el conflicto lo generó Henrique Capriles”.
Este estado mayor comunicacional, dijo, buscará propiciar, además de la investigación periodística, la información oportuna, veraz y al servicio al pueblo.
Anunció que próximamente se dará “mayor formalidad” a esta agrupación mediante una ley estadal que introducirá al Consejo Legislativo del Estado Mérida, que permitirá, además, crear un observatorio comunicacional en la entidad. Recordó que gracias a la Revolución en el estado existen 80 medios de comunicación alternativa.
VIOLACIONES A LAS LEYES
Con esta organización, explicó el gobernador, se pondrán a derecho los medios no legalizados, tanto comunitarios y comerciales.
También se denunciarán algunas emisoras, a las cuales la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) les aprobó un kilovatio de potencia y “la subieron a dos, bombardeando la señal”, ejemplificó Ramírez. Se analizará la proliferación de emisoras clandestinas que están “fuera de la ley”: “Las llamamos a que se pongan a derecho”. En Tovar, ejemplificó, hay alrededor de 18 medios de comunicación, “cualquier persona monta un transmisor y comunica lo que le venga en gana”.
Se monitoreará la transmisión de las cadenas nacionales sobre el gobierno de calle, hechas por el presidente Nicolás Maduro, ya que han confirmado que durante estos días algunas emisoras de radio “ni siquiera se pegan, cuando es obligatorio según la ley”, señaló.
Agregó que con el estado mayor comunicacional se evitará la censura mediática que privó el 15 y 16 de abril, propiciando un golpe de Estado, “porque el no reconocimiento de las instituciones es un golpe de Estado”, y los medios no informaron sobre los 11 muertos por la violencia antichavista en el país ni los cinco heridos por bala en Mérida, algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Más bien, “vimos cómo algunas emisoras esos días propiciaban el calentamiento con grupos de extrema derecha”.
Y esta censura, concluyó, se dio el 10 de abril, cuando el excandidato y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dio un mitin en el viaducto Campo Elías y, luego, algunos de sus simpatizantes subieron a intentar atacar las sedes de la Gobernación y del Instituto Merideño de la Juventud, donde resultó lesionado Ramón Soto.
“¿Será más importante la fractura de nariz, entre comillas, de María Corina Machado, que salió hasta por (el canal) CNN, que la fractura de tabique del compañero Ramón Soto? ¿Será que una nariz es más exquisita que otra y debe tener un tratamiento especial? ¿Qué dicen los medios sobre los heridos de bala? ¿Dónde está el periodismo investigativo? Debemos buscar la verdad, garantizaremos que las voces del pueblo se escuchen”, instó.
COMBATE CONTRA LA MENTIRA
El gobernador Ramírez acotó que propiciarán iniciativas para regular las redes sociales, propuestas que presentarán a la Asamblea Nacional. También se debatirá sobre la regulación de la prensa escrita. “Es parte de iniciar este camino para apoyar la elaboración de leyes que controlen estas situaciones”.
Por su parte, Edgar Iturriaga, profesor de la Universidad de Los Andes y colaborador del estado mayor comunicacional, explicó que se combatirán la mentira, la censura y la exclusión desde la contraloría social de las ciudadanas y ciudadanos, y para esto propiciarán la conformación de los comités de usuarias y usuarios en las comunidades.
Será “la máxima autoridad en comunicación e información, encargada de promover y garantizar el ejercicio responsable de la libertad de expresión, así como el uso responsable del espacio radioeléctrico como bien público”. Para lograrlo, dijo Iturriaga, integrarán los entes del Estado, tanto nacionales, regionales como municipales -como Conatel y el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información-, para que “los medios de concesión privada, comunitaria u oficial, cumplan con la ley”.