La reforma de la Lopnna integra a los Consejos Comunales como parte del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente (Art. 527). Conforme al Artículo 527-A. los Consejos Comunales participarán en los programas de prevención, en la solución anticipada de la conciliación y en la ejecución de sanciones no privativas de libertad.
La participación en la creación de programas de prevención del delito identifica a la comunidad como objeto de prevención del delito, lo cual implica que la comunidad debe identificar las causas que producen la desadaptación o desajuste en el comportamiento de los adolescentes, para aumentar los factores de protección y disminuir los de riesgo.
Asimismo la vinculación de la comunidad con los procesos de conciliación acuerda que la comunidad es un elemento de acción preventiva, esto es la posibilidad de intervenir como participantes intermediarios en la resolución de conflictos, por las relaciones que existe entre el adolescente infractor y el espacio social donde este convive.
Por último, la participación de la comunidad en la ejecución de las sanciones no privativas de libertad, afirma que la comunidad debe ser un espacio para la prevención del delito. Esto requiere que los Consejos Comunales trabajen en las condiciones de vida que ofrece la comunidad (educación, familia, cultura, entre otros) para reintegrar al adolescente.
Por lo anterior, la participación de los Consejos Comunales en el ámbito de la prevención del delito no debe verse como una maniobra de vigilancia, los ciudadanos no deben asumir el rol del policía.
Los Consejos Comunales deben intervenir en la dirección de actividades articuladas con las instituciones del Estado, para ejercer control y prevención de la delincuencia juvenil. De lo contrario, la situación sería la misma, tratar de mantener acuerdos con los adolescentes infractores, en la aspiración de restringir a algunos espacios la comisión de delitos, perpetuándose estas formas de vida.