La insurrección del 4F reavivó la memoria de la masacre del 27F, consumada en poco más de tres días fatídicos que se iniciaron con el anuncio de suspensión de garantías hecho por el propio CAP. Con la noche llegó también el toque de queda, y en medio de la noche las calles de Caracas se fueron poblando con soldados de infantería llegados de distintos puntos del país. La mayoría eran reclutas humildes, provenientes de zonas rurales y pequeños pueblos, sin ninguna formación para manejar problemas de orden público.
El entonces Ministro de la Defensa, Ítalo Del Valle Alliegro, vociferaba que “las Fuerzas Armadas venezolanas somos estructuralmente democráticas”. Lo repetía con tanta insistencia que sembró la duda acerca de si había un golpe de Estado en marcha. Lo cierto es que el toque de queda se tradujo en un estado de sitio, y la suspensión de garantías sirvió para liberar el poder de las armas bajo la orden de “fuego a discreción”. CAP inauguraba así la gran matanza del siglo XX venezolano.
Pocos días le tomó a Del Valle Alliegro “pacificar” a Caracas y otras ciudades del país. El costo de su diligente operación se estima en más de 2.000 vidas, quizás 3.000, aunque el Gobierno adeco reconoció unas 300 bajas.
Apoyado en gente como López Sisco, CAP desató también una feroz represión contra estudiantes, dirigentes de izquierda y líderes populares. El centro de tortura de la Disip en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas se llenó de gente que era secuestrada por todo el país.
Las escaleras de Mesuca, en Petare, y los bloques del 23 de Enero, fueron escenarios de una auténtica cacería de seres humanos, a los que el ejército disparaba indiscriminadamente y a la vista de todos. En 1990 se descubrieron los primeros cadáveres en una fosa común en el sector La Peste del Cementerio General del Sur de Caracas. Pero las denuncias sólo trajeron más represión. La IV República ya estaba moribunda y se mostraba dispuesta a despedirse con sangre.