POR: JIMMY LÓPEZ MORILLO
“Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río”
Roberto Ledesma
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Marcados sus nuevos caminos desconociendo las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia el 31 de marzo, las baterías de la entonces fiscal general –que ya habían cargado también contra el Poder Ejecutivo- se enfilaron contra otro poder, el Electoral, intentando anular el llamado a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
Exactamente un mes después de iniciarse los graves acontecimientos que durante cuatro meses llenaron de sangre algunas ciudades del país en “solidaridad” con el pronunciamiento de la doctora Luisa Ortega Díaz del último día de marzo, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el marco de las celebraciones del Día del Trabajador, hizo una tan audaz como inesperada convocatoria: «Hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como Jefe de Estado constitucional, de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario, para que la clase obrera y el pueblo convoque a la Asamblea Nacional Constituyente».
Dos días después mientras una aturdida derecha –interna y externa- intentaba sacarse el golpe, el Primer Mandatario, acompañado por una multitud, presentó ante el CNE su propuesta y las bases para la misma, de acuerdo con las facultades que le otorga la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela:
«Convoco una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular… para que el pueblo con su voz suprema pueda decidir el futuro de la patria reafirmando los principios de soberanía, paz», expuso en el decreto que entregó.
El 24 de mayo, la presidenta del máximo organismo electoral, Tibisay Lucena, informó que la elección de la ANC sería a fines de julio.
La iniciativa del Presidente de la República buscaba abrir las puertas hacia el diálogo y la paz, quebrantados por aquella mecha encendida el primero de abril, que en boca de Julio Borges partían del respaldo a las declaraciones de la titular del Ministerio Público, ofrecidas un día antes. Ella, una vez más, tenía algo qué decir: el 8 de junio, introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra la convocatoria a la ANC.
Pidió que se anulara, por considerar que “el decreto presidencial no cumple con los extremos legales», adicionando que el Poder Electoral habría incurrido en “violaciones de los principios de los derechos humanos (…), al sufragio y en especial del principio de soberanía constitucional». En las calles se atizaba la violencia. La dirigencia opositora celebraba.
Al TSj acudió nuevamente el 12 del mismo mes para introducir otro recurso de nulidad, en esa ocasión contra la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes efectuada por la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015.
“Los magistrados cuya causa se está impugnando deben separarse, inhibirse de conocer esto, pero creo que por la salud del país deberían ser desincorporados de forma inmediata”, expuso en tal ocasión, alegando que “la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas, sino que por el contrario se encarga de profundizar la crisis”. Sin embargo, diría luego en una entrevista a Unión Radio que no había podido tener acceso a las pruebas que sustentaran su demanda. Al igual que la anterior solicitud, esta también fue denegada.
POLVO CÓSMICO
Sobre las actuaciones de la entonces fiscal general, el analista y constituyente Néstor Francia, sostiene que ella “es una ficha de la derecha. Basta con ver con quiénes se reúne, qué medios le brindan cobertura, quiénes la elogian. Por supuesto, sus posiciones son las mismas de la derecha más extremista del país. Sin embargo, creo que es un mal pasajero. Ella muy pronto será polvo cósmico, los mismos que hoy la utilizan pronto la olvidarán. Al pueblo mayoritario venezolano, incluidos muchos de oposición, le importa un comino la suerte de esta señora”.
Añade que “ya no es la carajita que conocí en los pasillos de la universidad, cuando ambos éramos estudiantes de la UCV. Pero sobre todo ha cambiado su conciencia. Yo sigo siendo joven, porque permanezco revolucionario. Ella se convirtió en una vieja -con el perdón de las viejas- desde que se zambulló hasta el cuello en el pozo de la derecha”.
No obstante, no le atribuye responsabilidades en la violencia desatada tras sus declaraciones del 31 de marzo de 2017: “No creo que haya sido ella quién organizó las guarimbas de 2017. Ella carecía de la mínima base política para eso. El principal factor guarimbero fue Voluntad Popular, con el respaldo del imperialismo, junto a otros factores de índole fascista y terrorista. Ella se sumó después, convirtiéndose en alentadora de la violencia y en promotora de la impunidad”.
La fiscal explicó que, hasta ahora, no había tenido acceso a las pruebas que sustentan su demanda. “No ha sido fácil para mí tener las actas en el seno del órgano rector que integra el Poder Ciudadano “.
Advirtió que la institucionalidad del país se ha perdido y es necesario recuperarla: “No puede ser que aquí no estén funcionando las instituciones”.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujo este lunes ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad de la elección de los magistrados. “Los magistrados cuya causa se está impugnando deben separarse, inhibirse de conocer esto, pero creo que por la salud del país deberían ser desincorporados de forma inmediata”, dijo.
Lamentó que todas las acciones llevadas a cabo por su despacho “hayan sido desechadas, inadmitidas, desconocidas o negadas, sin que se produjera un pronunciamiento de fondo” de parte del máximo órgano judicial.
Este lunes, la representante del Ministerio Público consignó las irregularidades que, asegura, viciaron el proceso de selección de 13 magistrados principales y 21 suplentes que hizo el Parlamento el 23 de diciembre de 2015, además de la respectiva impugnación de tal designación.
“La falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, es sin duda un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas, sino que por el contrario se encarga de profundizar la crisis”, manifestó.
En entrevista a Maripili Hernández, por Unión Radio, reveló que, en su momento, advirtió que el procedimiento “estaba mal hecho” y que el acta, donde se ratifica la escogencia de estos jueces, no fue firmada por su persona ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano”.
La fiscal explicó que, hasta ahora, no había tenido acceso a las pruebas que sustentan su demanda. “No ha sido fácil para mí tener las actas en el seno del órgano rector que integra el Poder Ciudadano”.
Advirtió que la institucionalidad del país se ha perdido y es necesario recuperarla. “No puede ser que aquí no estén funcionando las instituciones”.
