El senador brasileño Acir Gurgacz, encargado de analizar las cuentas públicas de 2014 del Gobierno de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, informó que recomendará su aprobación debido a que no tienen ningún tipo de irregularidad, como alegó la oposición en su intento de encaminar un juicio político contra la Mandataria por presuntas irregularidades fiscales.
El legislador, seleccionado como ponente del proceso de la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso, tras evaluar las cuentas declaró que su opinión difiere de la del Tribunal de Cuentas del Estado (TCU), que sugirió la reprobación de éstas, reseña el sitio web de Telesur.
Los balances oficiales correspondientes al año pasado fueron rechazados por el TCU, organismo de contraloría del Estado y consultor del Congreso, que recomendó que no fueran aprobados por el Parlamento por «diversas irregularidades».
Gurgacz indicó que los argumentos presentados por el mencionado tribunal «no son relevantes lo suficiente como para reprobar los balances de 2014».
El senador Gurgacz, cuyo parecer tendrá que ser aprobado o rechazado por la Comisión de Presupuesto antes del 6 de marzo próximo, destacó que el balance de las cuentas públicas de 2014 puede ser aprobado con algunas observaciones, como en años anteriores y en otros Gobiernos.
«Tengo una buena relación con la Presidenta y con la oposición. No redacté mi parecer pensado en (salvar a) la Presidenta sino en el país», expuso.
De acuerdo con los magistrados del tribunal, el Gobierno de Rousseff dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Esto supuestamente llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en 40.000 millones de reales (unos 10.000 millones de dólares) y fue omitida de los resultados presentados por el Gobierno.
Estos argumentos, sin ser comprobados, fueron usados por los partidos de la oposición para justificar la apertura de un juicio político con fines de destitución contra Rousseff.