Luego de que la moción fuese presentada el 2007, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula la venta de videojuegos violentos y que además establecerá una nueva calificación de contenidos.
Aprobada por 85 votos a favor, tres en contra y con una abstención, la ley de videojuegos obligará a los fabricantes e importadores de videojuegos a colocar una advertencia sobre el nivel de violencia del videojuegos y que deberá ocupar a lo menos un 25% del espacio de ambas caras.
De la misma forma, comerciantes sólo podrán vender y arrendar títulos a personas que tengan la edad requerida según lo estipulado por la nueva regulación y que de no cumplirse ambas partes arriesgan multas de una a 50 UTM y comiso de las especies y en caso de reincidencia el juez podrá aplicar el doble de la multa.
La ley establece, además, que se deberá crear una nueva calificación de videojuegos, calificado por el Consejo de Calificación Cinematográfica, y que determinará el nivel de contenido en cada título en cinco diferentes niveles, pero que se podrá omitir en caso que el Consejo esté de acuerdo con la calificación del país de origen, ESRB en Estados Unidos o PEGI en Europa y Australia.
El comunicado oficial de la Cámara indica que «el proyecto en caso alguno tiene carácter censurador, sino que su espíritu y finalidad es orientar a los consumidores respecto del contenido de los videojuegos, del mismo modo como la calificación de las películas exhibidas en las salas de cine».