La decisión anunciada este lunes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar inejecutable el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deja claro que la inahibilitación administrativa para ejercer cargos públicos que recayó en el dirigente Leopoldo López, continúa vigente y está ajustada a derecho y a los principios de la Constitución Bolivariana.
Así lo informó este martes la Contralora General de la República (E), Adelina González, durante su participación en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Agregó que el ente de Justicia ha actuado ajustada al Estado de Derecho en este y otros casos, y ha cumplido todos los procedimientos.
“Nosotros no inventamos nada en el caso de Leopoldo López (…). La Constitución establece que los funcionarios deben responder civil, penal y administrativamente por los actos, hechos u omisiones en los que incurran en el ejercicio de sus funciones», explicó González.
Aseguró que López “sí cometió delito”, y no como lo han querido disfrazar sectores de oposición, argumentando que es una estrategia política por las venideras elecciones presidenciales.
Recordó que el exalcalde cometió un delito en el año 1998, por actos de corrupción en Pdvsa, durante la gestión de su señora madre, Antonieta Mendoza de López”. Añadió que, de acuerdo con lo que establece el artículo 105 de la Ley de la Contraloría, el ciudadano tiene una limitación para desempeñar cargos públicos hasta después de 2014.
González explicó que dicho artículo otorga a la Contraloría General de la República la potestad de aplicar, de acuerdo con la gravedad de los ilícitos cometidos, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años, así como la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro 24 meses o la destitución del declarado responsable.
EN 11 AÑOS FUERON INHABILITADOS 1.300 FUNCIONARIOS POR CORRUPCIÓN
La Contralora informó asimismo que el ente fiscalizador ha inhabilitado alrededor de 1.300 funcionarios públicos por distintos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de sus cargos. Recalcó que antes de sancionar a estas personas se les realiza una auditoría para determinar si ha cometido delitos y al tiempo aclaró que no se buscan hallazgos o elementos para inhabilitar a alguien en específico.
«Una vez que han cumplido estos funcionarios su sanción para desempeñar cargos públicos, pueden volver a postularse a la administración, como es el caso de Leopoldo López”, expresó, y añadió que sanciones de este tipo se realizan de igual forma en otros países del mundo.
Mencionó el caso de Brasil, quienes registran en el portal web del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, 8 mil 358 inhabilitados para desempeñar cargos en la administración pública.
«Los órganos de control estamos realizando un trabajo bastante duro en cuanto a sanciones administrativas y no es sólo la inhabilitación, también aplicamos destitución al cargo, suspensión sin goce de sueldo por 24 meses, entre otras», dijo.
HOY SE INSTALA XXI ASAMBLEA DE ENTIDADES FISCALIZADORAS DE LATINOAMÉRICA
La contralora González comentó finalmente que este martes será instalada en Caracas la XXI Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, donde se tocará el tema de las inhabilitaciones, aunque no sea éste el tema principal del encuentro.
Puntualizó que habrá una mesa que va a trabajar sobre la participación de los ciudadanos en la rendición de cuentas, «lo cual es novedoso para algunos países porque los órganos de control no visualizaban la participación de los ciudadanos en esos procesos».