El gobierno peruano puso este martes bajo estado de emergencia, con suspensión de garantías ciudadanas, a seis provincias surandinas, tras graves disturbios en los que murieron tres civiles.
Un decreto gubernamental suspende además los derechos constitucionales referidos a la libertad y seguridad personal, lo que prohíbe manifestaciones, suspende el libre tránsito y permite detenciones y allanamientos a discreción, sin orden judicial.
El decreto fijó en 30 días la vigencia de la drástica medida que se aplica en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros, de la región de Apurímac, y en las Chumbivilcas y Espinar de la región de Cusco.
El objetivo, dice la norma, es «restablecer el orden interno y procurar la defensa de los derechos de los ciudadanos» y fue dictado al día siguiente de tres muertes en incidentes registrados en Cotabambas y se extendió a las otras provincias al parecer ante la posible propagación del conflicto.
La policía abrió fuego cuando miles de manifestantes intentaron tomar las instalaciones del proyecto minero Las Bambas, en una protesta de motivaciones ambientales y hay además 15 heridos, cuatro de gravedad, entre ellos dos policías.
El decreto de emergencia señala que la policía, reforzada con cerca de mil 500 policías y 150 militares, controlará las provincias mencionadas con el apoyo de las fuerzas armadas.
Entretanto, los llamados al diálogo se multiplican desde el gobierno, que rechaza detener el proyecto minero del consorcio transnacional MMG, próximo a comenzar la producción de concentrados de cobre.
La Defensoría del Pueblo llamó a las organizaciones sociales involucradas y a la empresa MMG a que dialoguen para superar el grave conflicto y exhortó a la policía «a hacer un uso racional de la fuerza» y a los civiles a abstenerse de apelar a medios violentos. Similar exhortación hizo anoche el presidente Ollanta Humala al deplorar la violencia, mientras Jaime Osorio, dirigente del Frente de Defensa de Cotabambas, que conduce la protesta, demandó la llegada a la zona de una misión gubernamental de alto nivel.
Osorio señaló que la movilización exige la anulación de las alteraciones al estudio de impacto ambiental aprobadas por el gobierno sin consulta ciudadana y que según este no afectan el entorno pero según el Frente han permitido obras con alto riesgo de contaminación.
Entre los cambios que deben anularse figuran el reemplazo de un ducto subterráneo de transporte de minerales por un canal superficial y la construcción de una planta de molibdeno que puede contaminar la cuenca de un río vital para la agricultura, así como una planta de filtros.