El secretario jurídico de la presidencia de Ecuador, Juan Pablo Ortiz, afirmó hoy que el decreto para aplicar la denominada muerte cruzada está listo y será el mandatario Guillermo Lasso quien decidirá cuándo usarlo.
El funcionario afirmó este lunes en una entrevista a un medio digital que esa opción siempre se ha considerado, pero es una decisión del gobernante.
Esa es una carta con la cual el Gobierno amenaza a los legisladores constantemente, a pesar de que aseguran que Lasso es inocente y que la oposición no tiene los 92 votos necesarios para sacarlo del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
La muerte cruzada es una herramienta constitucional que permite al presidente disolver el Parlamento, llamar a elecciones generales y gobernar por decretos durante seis meses.
Para aplicar ese recurso debe estar justificada una de las tres causales previstas: si la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competen, si el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por una grave crisis política y conmoción interna.
Si bien la bancada del movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), se pronunció a favor de la muerte cruzada como una salida democrática a la crisis del país, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, reiteró que no existen motivos para invocar esa herramienta desde el Ejecutivo.
La legisladora Paola Cabezas, de la RC, apuntó en declaraciones al canal Teleamazonas que, aún cuando no se oponen a esa posibilidad, sería cobarde y una falta de ética por parte de Lasso recurrir a la muerte cruzada justo antes de su posible destitución.
El gobernante comparecerá mañana ante el legislativo para defenderse de las acusaciones de peculado basadas en las presuntas irregularidades en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tanker.
Según la oposición, el mandatario sabía de los problemas y no hizo nada para evitar los perjuicios para el Estado provocados por ese convenio, firmado en 2018, pero prorrogado en 2022, es decir, durante su mandato.
El enjuiciamiento tiene lugar en medio de un contexto de rechazo popular a Lasso, a quien las más recientes encuestas le atribuyen una desaprobación de más del 80 por ciento.