José Eduardo Cardozo, el abogado de la actual expresidenta de Brasil Dilma Rousseff, anunció este miércoles que presentará por lo menos dos recursos ante el Tribunal Supremo en contra la decisión del Senado Federal de destituir a la presidenta electa constitucionalmente y de sustituirla por el vicepresidente Michel Temer, quien venía ocupando la presidencia interina desde el 12 mayo.
Poco después de que el Senado, por 61 votos a favor y 20 en contra, destituyera a la presidenta; el también exministro de Justicia alegó que denunciará ante la Tribunal Supremo de Justicia que Rousseff fue destituida sin justa causa y alegará que el derecho de defensa de la mandataria fue cercenado en diversas etapas del proceso que comenzó en diciembre de 2015, cuando la Cámara de Diputados aceptó los trámites para iniciar el juicio.
«Vamos a protestar contra las irregularidades formales del proceso y contra el cercenamiento de su derecho a la defensa por la decisión de los senadores de juzgarla antes de que la defensa se expresase», afirmó Cardozo.
El exministro también denunció la actitud de varios senadores que afirmaron que no importaba lo que la defensa hiciera en favor de evitar la destitución porque nada cambiaría la decisión. «Eso es una ofensa sustantiva al debido proceso legal», afirmó al respecto.
La mandataria, por su parte, en un acto público desde la ciudad capital de Brasilia, les dijo a sus seguidores: «En este momento no voy a decirles adiós. Estoy segura de que puedo decir ‘hasta pronto'», expresó en una demostración más de su confianza hacia la justicia y la democracia. Así mismo anunció que ejercerá la más dura y enérgica oposición que «un golpista puede sufrir».
Una práctica habitual de todos los Gobiernos de Brasil
La mandataria fue suspendida de sus funciones el 12 de mayo porque el Senado decidió juzgarla por presunta manipulación de las cuentas públicas en 2014 (año de su reelección) y a inicios de 2015, por lo que se le acusó de violar la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que la Constitución acepta como justificantes para una destitución presidencial.
Pero a lo largo del proceso, múltiples testigos, entre los que destaca Luiz Cláudio Costa, exsecretario ejecutivo del Ministerio de Educación, han afirmado que las acciones de Rousseff son una práctica común. Costa, por ejemplo, recordó que la emisión de decretos suplemantarios para esa cartera es una práctica adoptada desde 2008 por decisión del propio Tribunal de Cuentas de la Unión.
Cardozo se ha hecho eco de estas declaraciones y reiteró que Rousseff, no cometió ningún crimen que justifique su destitución porque las medidas por las que fue condenada son una práctica habitual en todos los gobiernos de Brasil. «Vamos a cuestionar la falta de justa causa para el proceso. No hay motivo», afirmó.
Insistirá hasta que la decisión del Senado sea anulada
El defensor de Dilma Rousseff reconoció que algunos miembros del Tribunal Supremo se negarán a aceptar los recursos que él introduzca contra una decisión del Senado Federal y solo aceptarán apelaciones contra la forma en que se desarrolló el impeachment. Pero aún así, Cardozo señaló que dejará de insistir en que la votación sea anulada.
«Sé que hay algunos jueces que parten de una visión más tradicional de que no se puede revisar un juicio político destituyente, una visión, desde mi punto de vista, más antigua. Pero nosotros tenemos una visión más moderna», afirmó.
Ningún poder aisladamente puede intervenir en otro sin romper con el Estado de Derecho e inaugurar un régimen de excepción.
El Partido Comunista Marxista-Leninista de Brasil (PCML-Br) comulga con esta idea. En su editorial de este miércoles explicó que el impeachment es un proceso que se constituye en contenido y forma, no de manera separada, por lo que ningún poder aisladamente podría intervenir en otro sin romper con el Estado de Derecho e inaugurar un régimen de excepción.
Al Poder Judicial le corresponde interpretar la ley y la conducta infractora tipificada; Al Senado Federal, como parte del Poder Legislativo, le correspondía el juicio político obediente al espíritu de la ley. Esto quiere decir que es necesario que los dos poderes (el Judicial y Legislativo) en juicios independientes emitan sentencias armónicas para finalmente poder intervenir en el tercer poder (en este caso el Ejecutivo) que se presume en desarmonía constitucional.
De allí que el PCML-Br calificara de «deplorable» la actuación del Tribunal Supremo Federal (STF), representante del Poder Judicial, porque al parecer considera que el impeachment es solo un acto interna corporis (una regulación intrínseca del Parlamento, es decir del Poder Legislativo) y con ello legitimar la usurpación de los poderes que solo le corresponde a él, así como la violación de los principios constitucionales.
EN CONTEXTO
El Senado de Brasil decidió no inhabilitar a Dilma Rousseff para el ejercicio de cargos públicos durante ocho años, como se tenía previsto si hacía efectiva su destitución como presidenta. En una votación separada, 42 senadores votaron a favor de permitir que Rousseff mantenga sus derechos políticos, 36 se manifestaron en contra y hubo tres que se abstuvieron.
Según la Constitución, un presidente destituido puede perder sus derechos políticos por ocho años. Esto le impediría ocupar cualquier puesto en el Gobierno e incluso enseñar dentro de las universidades.