Desde sus inicios como nación, Venezuela siempre ha sido solidaria con las personas que huyendo de las guerras, violencias, desastres naturales o persecuciones han solicitado refugio en el país. Estas personas se han integrado socialmente y han contribuido generosamente en el desarrollo nacional y el de toda la humanidad.
Por eso, la Defensoría del Pueblo reconoce los aportes de los refugiados y refugiadas en el país, el tesón y la valentía de las familias solicitantes de asilo o refugio, y felicita al Estado y a la sociedad venezolana por su solidaridad con las personas solicitantes de refugio.
Bajo el lema: “Toda acción cuenta” este martes 20 de junio, se conmemora el Día Mundial del Refugiado y la Refugiada. Fecha designada así por las Naciones Unidas para también honrar a las personas que por diversos motivos o temores fundados, ponen en riesgo su vida, se han visto forzadas a dejar su país y se han desplazado hacia otros destinos del mundo.
Al igual que otras naciones, Venezuela conmemora este día para enaltecer la fuerza y voluntad de las personas que han abandonado su hogar motivado a conflictos o persecuciones. Al mismo tiempo, reconocer su capacidad de resiliencia en la reconstrucción de sus vidas, así como, fomentar la comprensión en la sociedad para estas personas que por diversas circunstancias decidieron abandonar su país de origen.
El Día Mundial del Refugiado se celebra en honor a las personas refugiadas o desplazadas en todo el mundo y a partir del 2001 en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que establece la atención de las personas y familias que huían de las guerras en Europa.
En este sentido, la actuación de la Defensoría del Pueblo, como promotora de los derechos de los refugiados y refugiadas, está basada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reconoce y garantiza en su artículo 69 el derecho de asilo y refugio.
De igual manera, el Estado venezolano al ratificar el Protocolo sobre el Estatuto de Refugiados, adoptó los parámetros de la protección internacional que venía ejecutando. Es por ello, que con la Ley Orgánica sobre Refugiados y Refugiadas y Asilados y Asiladas (2001) y su Reglamento, se consolidaron las vías legales y administrativas para dar garantía al derecho humano al asilo y al refugio.
A partir, del año 2003 se instala en Venezuela el órgano administrativo designado para el estudio y la tramitación de las solicitudes de refugio, denominada Comisión Nacional para los Refugiados y Refugiadas (Conare), instancia de la cual la Defensoría del Pueblo forma parte.
Desde este espacio presidido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores se ha venido realizando un esfuerzo consolidado, con los diferentes representantes de las instituciones que integran dicha comisión, a favor de las personas que solicitan la condición de refugiado o refugiada en Venezuela.
En el país, ACNUR, la Agencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados trabaja en estrecha alianza con las instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional para los Refugiados y Refugiadas (Conare), de manera de garantizar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo y encontrar protección tras huir de la violencia, los conflictos internos y de las persecuciones en su país de origen.
Cabe recordar que la Defensoría del Pueblo en lo que va de 2023 dictó cursos y talleres de formación sobre esta materia en diversos estados del país, entre otros. En el estado Táchira, dio a conocer al Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana la Ley Orgánica de Refugiados y Refugiadas y Asilados y Asiladas (LORRAA).
Posteriormente, en esa misma entidad territorial, específicamente a la Policía Nacional Bolivariana, destacada en el municipio Ureña, hizo labor de promoción sobre la Ley Orgánica de Refugiados y Refugiadas y Asilados y Asiladas. Por último, en Delta Amacuro conjuntamente con ACNUR dictó un curso sobre los Derechos Internacionales de los Refugiados y de las Refugiadas.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo cumple su deber de promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos, recordando que nadie elige ser refugiado o refugiada. Venezuela es y seguirá siendo un país de acogida para quienes soliciten la condición de refugiado o refugiada en el marco de la ley, integrándose a la sociedad y a la patria venezolana.