La Defensora del Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, juramentó este sábado la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, integrada por distintos representantes del Poder Público Nacional.
El acto se celebró en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea Nacional. La Defensora indicó que esta Comisión nace de la aprobación y publicación, el pasado 22 de julio del presente año, de la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Hoy es un día muy significativo para la Defensoría del Pueblo y para los Derechos Humanos en nuestro país –afirmó Ramírez en la apertura del acto–; pues estamos reunidos los distintos representantes de los ministerios (y poderes públicos) que darán vida a esta Comisión, que busca sancionar la tortura en nuestro país y avanzar hacia una cultura distinta, que proteja la integridad de aquellas personas que por alguna circunstancia estén privadas de su libertad y bajo la responsabilidad del Estado”.
Ramírez relató en su intervención cómo anteriormente en América Latina, en la década de los 60, 70 y 80, países como Argentina, Uruguay y Chile, vivieron dictaduras en las que se practicó la violación sistemática de los derechos humanos, y que en Venezuela, bajo la máscara de la democracia representativa se desarrolló una cultura represiva similar, que instauró la tortura, la persecución, las desapariciones forzadas y los asesinatos como práctica sistemática.
La Defensora, destacó que en Venezuela se ha avanzado en la erradicación de la tortura y así lo recogen los informes anuales de la DdP. No obstante, resaltó que “a partir de ahora, la Comisión tendrá como tarea desarrollar e impulsar un Plan Nacional en contra de la tortura, [que incluirá] un Plan Educativo, dirigido a funcionarios policiales y custodios de los recintos penitenciarios para prevenir este tipo de actos en nuestro país”.
“La Comisión –agregó Ramírez– será el mecanismo y el medio para instruir a toda la colectividad, particularmente a quienes tienen funciones de custodia y resguardo de la seguridad pública, en el uso progresivo de la fuerza física y en la importancia de que los procesos se hagan ceñidos a nuestras leyes, respetuosos de la integridad física y de los derechos humanos”, señaló.
Ramírez aseguró que en un lapso de dos meses, una vez elaborado y consolidado el Plan Nacional, su despacho aspira a “entregarlo al Presidente Nicolás Maduro, para que sea acogido como una política nacional de defensa y resguardo de los DDHH dentro de nuestro país. Esa es nuestra misión y objetivo sagrado de esta Comisión”.
Según lo establecido en la Gaceta Oficial Nª 40.212, la Comisión tendrá por objeto la coordinación, promoción, supervisión y control nacional de las políticas y planes nacionales de prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como la vigilancia de los derechos de las personas privadas de libertad. De igual forma, velará por el cumplimiento de la ley y de la garantía del derecho a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas en el territorio nacional.
La Comisión la integran un representante del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensa Pública, del Ministerio Público y de la Asamblea Nacional; así como un representante de los ministerios del Poder Popular para el Servicio Penitenciario; Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Comunas y Protección Social; Defensa; Salud; Pueblos Indígenas; un representante del Poder Popular designado por el Consejo Federal de Gobierno, y dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, que la presidirá.
El evento contó con la presencia de Soraya El Achkar, Rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, y Pablo Fernández, Director del Centro de Estudios de Seguridad Pública de la UNES, quienes fueron invitados especialmente por la Defensora del Pueblo a participar en el acto de juramentación, debido a su trayectoria en la lucha contra la tortura en el país.