Debe existir una sanción penal y pecuniaria para todo funcionario que contribuya al retardo procesal de las personas detenidas, eso es una violación a los Derechos Humanos.
Así lo indicó Tarek William Saab, defensor del pueblo, quien agregó que la embestidura no debe dar cierta inmunidad, “el sistema de justicia es el principal responsable del retardo procesal”.
Aseguró que deben ser sancionados desde los jueces, fiscales hasta los defensores públicos, “hay que legislar en la materia, para garantizar los Derechos Humanos”, y unas de las formas para combatirlo, es que haya una sanción de carácter penal para el funcionario que lo cometa.
Saab detalló que en la actualidad la delincuencia uniformada es más peligrosa que el hampa común, ética y moralmente.
Debemos vigilar la delincuencia uniformada que día a día comete actos de corrupción, cobro de vacuna, extorsión, uso de logísticas, entre otros delitos, manifestó.
El defensor del pueblo comentó que debe existir un órgano rector “donde podamos participar todas las instituciones para vigilar la delincuencia uniformada (…) hacer procedimientos para sancionar y castigar al funcionario que cometa un delito”.