Democracia en las empresas públicas

Por: Orángel Rivas

El llamado trabajo asalariado tiene una hegemonía en las ciencias sociales, mas concretamente en la teoría sociológica y en la teoría económica e incluso en la doctrina social de la iglesia. Al ser el trabajo asalariado el paradigma predominante, la norma jurídica, especialmente la legislación laboral, consiste en la regulación de las relaciones sociales entre el trabajo y el capital.

El Estado tiene una institucionalidad que se concreta en las oficinas del Ministerio del Trabajo donde se gestiona la atención de los derechos de los asalariados frente al capital, lo que implica una legitimación y reconocimiento de la explotación del hombre por el hombre, de la extracción de plusvalía, con la administración de los mecanismos institucionales del mercado de la fuerza de trabajo en el régimen capitalista (convención colectiva, organizaciones laborales y salario mínimo).

De igual manera, los ministerios del trabajo prestan los servicios de intermediación laboral. Todo ello son evidencias del predominio que tiene el paradigma del trabajo asalariado, que está metido hasta los tuétanos en el metabolismo social del capital. En el trabajo asalariado radica lo específico del régimen capitalista, por lo tanto, solo el paso de unas relaciones sociales asalariadas a unas relaciones sociales autogestionarias es un signo de la construcción del socialismo.

La nueva Constitución, en tanto, programa político de largo plazo, debe contemplar, como parte de la transición socialista, regulaciones que trastoquen las relaciones sociales no democráticas en las empresas del sector público, para superar el control político sobre los trabajadores y avanzar en la construcción de una sociabilidad alternativa al metabolismo social del capital.

La autogestión obrera en las empresas públicas implicaría la eliminación de los sindicatos, instrumentos propios del capitalismo, el desarrollo de un plan de producción diseñado por los propios productores, de cumplimiento obligatorio, donde los trabajadores de las empresas públicas ya no serían asalariados, sino productores asociados; la remuneración al trabajo dejaría de ser un costo de producción y convertirse en un anticipo de los excedentes.

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Caracas