Dos organizaciones de derechos humanos han interpuesto una denuncia contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por «crímenes contra la humanidad» e «incitación al genocidio de los pueblos indígenas de Brasil».
La denuncia, realizada por la Comisión Arns y el Colectivo de Abogado en Derechos Humanos (CADHu) de Brasil, especifica que Bolsonaro «incita a la violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales, debilita la fiscalización y no responde a los crímenes ambientales en la Amazonía».
«No encontramos un camino eficiente. Esperamos que dirigiéndonos allí [el TPI], estimulemos las fuerzas internas de Brasil para investigar estas cuestiones», señaló el presidente de la Comisión Arns, José Carlos Dias.
En el texto se explica que «lo incendios, que todavía siguen en la región [en la Amazonía], generan daños ambientales y sociales difíciles de revertir (…) y están asociados con la disputa a menudo violenta sobre la tierra para empresas agrícolas y para grandes proyectos de infraestructura«.
Zona deforestada en el estado de Pará, Brasil. 11 de noviembre de 2019.Nacho Doce / Reuters
La denuncia fue presentada ante la fiscal Fatou Bensouda, quien solicitará información a los gobiernos de los estados brasileños pertinentes, a Naciones Unidas, así como a otras fuentes relevantes para decidir si se autoriza una investigación.
Al ser preguntado por la prensa sobre este asunto, en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia, Bolsonaro se limitó a decir: «Próxima pregunta».
Deforestación en territorios indígenas
Según datos publicados este jueves por el sistema de Monitoreo de Deforestación de la Amazonía Legal por Satélite (Prodes), del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), los territorios indígenas registraron 423,3 kilómetros cuadrados de deforestación entre agosto de 2018 y julio de 2019, un aumento del 74% frente al mismo periodo del año pasado.
En la selva amazónica –Brasil alberga un 60%– viven unas 34 millones de personas, y más de 400 pueblos indígenas.
Bolsonaro siempre se ha mostrado contrario a la demarcación de tierras indígenas y ya durante su campaña electoral, en 2018, prometió restar competencias a los organismos públicos de protección ambiental, abrir las zonas protegidas y las tierras indígenas a la agricultura y a la minería y diminuir la «industria de la multa» por crímenes medioambientales.
Críticas
Esta misma semana, Amnistía Internacional advirtió que las autoridades estatales permiten en la Amazonía la ganadería ilegal, lo que además de alimentar la deforestación se ha convertido en el principal motor de saqueo de las tierras protegidas de los pueblos indígenas, muchas veces por medio de la violencia, amenazas e intimidación.
«Mientras el Gobierno de Jair Bolsonaro recorta drásticamente la financiación a las protecciones medioambientales a nivel federal, algunas autoridades estatales permiten la ganadería ilegal, que destruye zonas protegidas de la selva amazónica», destacó.
Desde que llegó al poder, la política ambiental del Gobierno de Bolsonaro ha sido constantemente criticada, en especial este verano durante los devastadores incendios en la Amazonia.
En octubre, el director de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, mostró su «profunda preocupación» por lo que llamó la «agenda antihumana» que sigue el Gobierno de Bolsonaro.
También la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, pidió al Ejecutivo actuar de manera decisiva para detener la invasión de los territorios indígenas y garantizar el ejercicio pacífico de sus derechos colectivos sobre sus tierras.