En el año 1999, cuando en Venezuela se vivió la Asamblea Nacional Constituyente, el espíritu nacional reflejaba las mas diversas preocupaciones. En ellas se dibujaban las ganas de un mundo mas amplio donde asegurar premisas fundamentales de las cuales las mayorías nunca habían gozado. Por esa causa, la masa de intereses populares no supo agotarse en los catálogos tradicionales sino que fue, tema a tema, objetivizando reclamos históricos de los cuales muchos estaban dirigidos a construir una nueva cultura de atención y garantía para las ciudadanas y los ciudadanos en los servicios públicos y privados.
Se trataba de hacer las cosas mas sencillas, de incorporar la tecnología, de prohibir tanto la discriminación como la difusión de la información personal y en líneas mas generales el maltrato a las usuarias y los usuarios. Para eso y por primera vez, la Constitución exigió que se transversalizara la idea de la ciudadanía, creando un universo en el que las relaciones jurídicas debían ser de respeto y se podía denunciar el maltrato o la desatención a las solicitudes formuladas.
Para esto se concretara una de las primeras normas fue aquella que dispuso la simplificación administrativa y luego que en los años de Revolución se hayan formulado varias concepciones para atender al que en un pasado fue un simple consumidor y hoy goza del estatuto de titular de derechos socioeconómicos.
Así las cosas, con las normas y la voluntad alineada muchos aspectos dejaron de ser auténticos calvarios al nacer una poderosa estructura pública que tenía servicios públicos de cedulación, una campaña feroz para minimizar la brecha comunicacional y proveer finalmente agua y luz a quienes en el pasado no tuvieron acceso.
En el presente parece que en estos temas la marcha se ha vuelto mas lenta. Los trámites burocráticos, en su versión carpeta marrón, no parecen debidamente enlazados y sirven como caldo de decepción de quienes esperan del Estado las garantías que les otorgó la legislación.
¿Cómo se accede, realmente, a los servicios públicos? ¿Cuál respuesta se le otorga a la víctima de los servicios públicos prestados por privados? ¿Cómo se ejerce la denuncia y la contraloría individual y colectiva sobre ellos?
La respuesta no se agota en un matemático análisis de costos para determinar los precios. Hay un tema pendiente con la calidad de atención y servicio que se recibe. Si bien para las telecomunicaciones ya Conatel ha anunciado que empieza a construir una normativa que obligue a responder por las interrupciones del servicio o baja calidad del mismo, es todo el universo el que debe no solo ser normado sino principalmente ser socialmente compelido a utilizar horarios compatibles con la vida ordinaria de las y los venezolanos; a recibir sus solicitudes y, sobre todo, a respetar a quienes, contraprestación económica de por medio, se sirven de ellos.