Mañana la nación neogranadina acudirá a las urnas para elegir un nuevo Presidente|Derechos Humanos: Un asunto pendiente en la jornada electoral colombiana

En un reciente informe emitido por el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Julio Roberto Meier, el número de personas desplazadas en Colombia debido a la violencia generada por el conflicto armada, es de unos dos millones. Además se estima que unos cien mil colombianos y colombianas se han visto en la necesidad de huir de su país en el último lustro.

Estas personas no participarán en el proceso electoral de mañana domingo, donde ocho candidatos se disputan en primera vuelta la presidencia de la República de Colombia. Tampoco lo harán los más de siete mil prisioneros políticos que mantiene en las cárceles el Estado colombiano.

Este viernes, la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Knaul de Albuquerque e Silva, resaltó las múltiples deficiencias que afectan la independencia de la justicia colombiana.

Knaul resaltó «la sensación generalizada de impunidad y la consiguiente ineficacia del sistema (…) ataques e intimidación de víctimas y testigos (…) corrupción en la justicia», entre otras deficiencias observadas en los casos de ejecuciones extrajudiciales

Afirmó Knaul mediante un comunicado, que además el establecimiento de «vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso«, y las «amenazas» contra «la independencia del juez», junto a las «acusaciones falsas y descalificación de abogados», constituyen algunos de los desafíos que debe afrontar Colombia.

Ante «las consecuencias negativas de la actual situación de interinidad en la Fiscalía General», que sigue vacante desde hace cerca de un año, la Relatora recomienda como «primera opción» que el cargo «debe recaer entre los fiscales de carrera de la Fiscalía».

Previo a este señalamiento, el relator para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Philip Alston, había advertido acerca del poco avance de los procesos judiciales contra miembros de la Fuerza Pública en casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso aseguró que 98 por ciento “están impunes”.

Rápidamente, el gobierno del actual presidente Álvaro Uribe, emitió una nota de prensa en la que descalificó el estudio de la ONU, que indica que los “Falsos positivos”, constituyen una práctica sistematica y rodeada de impunidad.

POCAS ESPERANZAS

El activista Agustín Jiménez, Director del Comité de Solidaridad con los presos políticos de Colombia, señaló en conversación con el Correo del Orinoco, que “tenemos mucha expectativa sobre estas elecciones del domingo, pero de acuerdo a los discursos no son prometedoras las esperanzas. La mayoría de los candidatos ratifica su apoyo a la política de Seguridad Democrática de Uribe, que ha generado un aumento de la violencia, violaciones de los derechos humanos y recrudecimiento de la situación infrahumana en la que se encuentran los presos políticos. A este punto no se le ha prestado la debida atención en el debate electoral”.

“El gobierno debe reconocer que los insurgentes no son terroristas para que se pueda iniciar un acuerdo de paz y el intercambio humanitario. Hay una leve posibilidad de que podamos conversar con el nuevo mandatario. El aparente favoritismo con el que termina el gobierno uribista, según las encuestas que manipulan los medios de comunicación del establishment, hace que los candidatos no se atrevan a oponerse a abiertamente a las acciones de Uribe por miedo a perder votos”, explicó.

Así, ningún aspirante solicita “el reconocimiento de la beligerancia de las fuerzas insurgentes, que es necesaria también para tratar la situación carcelaria, ya que eliminaría la criminalización de las personas que pertenecen a estos grupos y que están presas por pertenecer a la guerrilla”, aclaró Jiménez.

“Actualmente siete mil personas, se encuentran en esa condición, acusadas de delitos políticos. De ellas, dos mil son campesinos apresados por colaborar con la guerrilla. Unas tres mil quinientas son miembros de la FARC y el ELN capturados en combate. Y alrededor de dos mil, han sido enjuiciadas por su actividad social en favor de los derechos humanos”, destacó.

“La mayoría son “falsos positivos judiciales”, son perseguidos, y les hacen montaje de pruebas mediante la militarización de la vida cotidiana que se ha creado con la instauración de programas que convierten en grupos de a paramilitares e insurgentes desmovilizados”, concluyó.

Colombia como país ha sido cuestionado por la ONU y por numerosas Organizaciones no Gubernamentales de América Latina y el Caribe, Norteamérica y Europa por el visible deterioro de los derechos humanos en su territorio, sin embargo, pese a los datos y a las evidencias, los “presidenciables” prefirieron guardar silencio ante temas como la situación de los prisioneros políticos y los desplazados, o de manera elegante sortearon las preguntas sin profundizar en estos asuntos.

El Show Televisivo

Para deliberar sobre estos delicados aspectos, los candidatos han participado en una suerte de talk show, denominado debate, transmitido por la televisora privada perteneciente a la cadena Caracol. En esos espacios han manifestado sus posiciones ante estos importantes planteamientos.

El candidato del uribismo, Juan Manuel Santos, ha dicho que continuará de ser electo, con la Seguridad Democrática impuesta por Uribe.

Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA) recordó que varios miembros del partido de Santos están ahora en la cárcel por auspiciar a grupos paramilitares de extrema derecha, además de que durante su paso por el ministerio de Defensa, se cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales por parte de militares.

Germán Vargas del Partido Cambio Radical, Germán Vargas, también cuestionó a Santos en relación a un informe de la ONU en el que se señala, según el candidato, que en las ejecuciones extrajudiciales «existió un patrón».

BASES SÍ, PERO NO

Sobre las bases militares colombianas que funcionarán de manera conjunta con EEUU, según convenio suscrito por Washington y Bogotá, Santos defendió este tipo de cooperación que consideró “necesaria por aquello de la corresponsabilidad. Es necesario que (el acuerdo) continúe y no amenaza a ningún país”.

Antanas Mockus del partido Verde,decidió no opinar. Vargas, respaldó el convenio e incluso dijo que si la Corte Constitucional lo declara inexequible (inconstitucional) lo volvería a presentar.

«Es nuestro mejor instrumento para disuadir a los países vecinos, y una eventual agresión contra territorio colombiano, de la cual no estamos exentos«, precisó Vargas haciendo alusión a Venezuela.

Petro aseguró que «el tratado no es válido porque la Constitución no permite la estadía de tropas extranjeras en territorio colombiano y porque tendría que ser legitimado por el Congreso, lo cual no ocurrió».

Noemí Sanín, del Partido Conservador, afirmó que el acuerdo con Estados Unidos «sobraba».

En cuanto al intercambio humanitario, Petro y de Rafael Pardo, del Partido Liberal, se mostraron de acuerdo con el intercambio.

Pero los restantes candidatos lo rechazaron, al considerar que con ello las FARC continuarían con esa política buscando someter al Estado y se inclinaron por el rescate militar, señaló la AFP.

Persecuciones, espionaje y asesinatos no interesan

Diana Sánchez, portavoz del Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Somos Defensores) dijoa ala agencia EFE: «Estamos preocupados, pero también sorprendidos, porque los derechos humanos pasaron casi desapercibidos en esta campaña».

La activista observó que la inseguridad de este colectivo merecía más espacio en los discursos de campaña de quienes aspiran a suceder a Uribe.

Esa delicada situación la puso de manifiesto el Programa Somos Defensores en un informe en el que detalla que en 2009, además de 32 activistas asesinados, 99 fueron amenazados, 17 sufrieron atentados, 15 fueron detenidos de manera arbitraria y 10 afrontaron procesos, entre otros tipos de violencia.

De forma similar se expresó el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas, quien reconoció haber constatado su «asombro» por la poca presencia de estos asuntos en las campañas.

«Fue mínimo el espacio que le dedicaron a los derechos humanos y sus pronunciamientos muy precarios», opinó, por su parte, el jurista Eduardo Carreño, de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar).

El letrado lamentó, en declaraciones a Efe, que entre los candidatos no haya una postura clara frente a la impunidad, y puso como ejemplos los escándalos de espionaje ilegal a magistrados, opositores, defensores y periodistas, y las ejecuciones extrajudiciales de civiles o «falsos positivos».

Para Carreño, sucede lo mismo en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, adoptada en 2005 como marco jurídico para la reinserción de las integrantes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares).

Desde que llegó al poder Uribe en 2002, han sido constantes las críticas por parte de su Gobierno a las ONG defensoras de derechos humanos y a sus líderes, y llegó incluso a tacharlas de estar al servicio del terrorismo.

Aún así, estas cuestiones que quedaron al margen de la campaña aparecen entre las que los activistas confían sean reivindicadas por el sucesor de Uribe.

Periodistas rechazan censura

El Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) rechazó ayer una disposición del gobierno que limita el derecho a informar sobre “hechos de orden público durante las elecciones presidenciales de este domingo, mientras no medie un informe oficial de las autoridades”.

El CPB argumentó que «de esta manera ningún ciudadano podrá denunciar ningún hecho delictivo, hostigamientos de grupos al margen de la ley, robo de votos, ni eventos relacionados y los medios no podrán transmitirlas libremente, si antes no han sido primero confirmados por una declaración oficial del gobierno».

Frente a la preocupación expresada por el CPB, por las disposiciones electorales para los comicios presidenciales, el mandatario Álvaro Uribe indicó que no va a haber censura de prensa el domingo.»No permito censura de prensa, las disposiciones sobre comunicación electoral lo que hay que hacer es aplicar la Ley y que lo aplique la Registraduría y el Consejo Electoral», manifestó Uribe.

Este sábado Uribe “dictará” un taller sobre pedagogía electoral en un consejo comunal.

CONTINUISMO ASEGURADO

Para el periodista Jorge Enrique Botero, aseguró la corresponsalía especial del Correo del Orinoco en Bogotá, el continuismo tiene asegurado su espacio de poder y no lo cederá tan fácilmente. Los otros actores: mafia, narcotráfico, paramilitarismo, mantienen un estructura y una comodidad en la convivencia con el Estado, que se procuró desde los tiempos de Pablo Escobar, lo alcanzado durante los dos períodos de Uribe, no será tan sencillo de desmontar. Las inversiones y los negocios asegurados con los grupos de poder económico tienen en Santos su mejor aliado.

El boom de la opción verde, promovido por los medios que tienen vinculaciones con el candidato Santos, son a su juicio mero distraccionismo. Botero considera que ante las amenazas de grupos armados, bien sea guerrilla o paramilitarismo, el estado tiene control de la situación y no hay condiciones para que se repitan asesinatos como cuando la época de Pizarro o Galán.

La maquinaria electoral y lo ocurrido en las pasadas elecciones legislativas, demuestran que esta estructuras “ el cacicazgo político” local y el uso de fondos públicos, y el manejo fraudulento que se evidenció en el pasado reciente, será más decisivo que lo que se ventila en los medios de difusión. Recomienda revisar el informe de la OEA sobre el desarrollo de las pasadas elecciones legislativas.

Botero opina que para la segunda vuelta se activará la más portentosa campaña política y comunicacional a favor de Santos, y que el manejo de recursos de esa estrategia será descomunal.

Por otro lado está el papel de Estados Unidos, para Botero, Santos ha sido desde hace tiempo el preferido para ocupar ese cargo y no se puede dejar aún lado la relación con Venezuela, tema que en la última semana ha sido relegado a un mínimo plano, en medio de una agresiva, permanente y de múltiple difusión campaña negativa sobre el Presidente Chávez.

Clinton Come Back

La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, emprenderá una gira a Perú, Colombia, Ecuador y Barbados del 6 al 9 de junio, según informó este viernes el Departamento de Estado.

Clinton, participará el 6 de junio en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Lima, para «consultar con colegas de la región temás de mutuo interés», indicó un comunicado oficial de la Casa Blanca. Washington ha dicho que su intención es mantener el mismo nivel de relaciones con el nuevo presidente.

Para el analista internacional Carolus Wimmer, no es casual que Clinton viaje a Colombia en un momento decisivo para determinar cuál de los dos candidatos que seguirán en una predecible segunda vuelta, sea “coronado” como Presidente de Colombia. “Es indudable que el duelo será entre Mockus y Santos y podremos ver a quién le dará su bendición la Casa Blanca y el Pentágono. Lo que es casi seguro, es que no debemos esperar demasiados cambios en la situación interna. El pueblo colombiano seguirá padeciendo los embates de un gobierno neoliberal y pro imperialista. Confiamos, por el bien de la paz en la región, que con el nuevo mandatario electo se pueda dialogar sobre las relaciones bilaterales. Por lo menos eso, abrir el diálogo”.

Santos sería un continuador del uribismo y mockus ha que solicitaría un rediseño del plan colombia ajustándolo a las necesidades del país.

Llaman a votar por la dignidad del pueblo colombiano

“Las colombianas y los colombianos este domingo debemos votar por la dignidad, por el respeto a la soberanía nacional, la búsqueda de la paz tanto en Colombia como en la región, el respeto por los derechos humanos y por el cese de la horrible noche uribista que mantiene a Colombia sumida en las sombras de la barbarie, donde todo se vale con tal de mantener a un gobierno forajido y defender los intereses de las oligarquías”, indicaron representantes del Polo Democrático Alternativo (PDA) en Venezuela.

“En Venezuela cerca de unos 116 mil colombianas y colombianos inscritos en los consulados tendrán el derecho a manifestarse a través del voto para definir el nuevo mandatario, que ojalá sea una persona dispuesta al diálogo y que respete la libre determinación de los pueblos soberanos”, prosigue el documento.

“Con nuestro voto podemos ponerle fin a un gobierno que no tuvo ningún escrúpulo en venderle su alma al diablo, traicionando, mintiendo, permitiendo el asesinato selectivo  de los trabajadores, de periodistas, el desplazamiento masivo de campesinos, con tal de conservar sus intereses particulares y los de sus amigos, sin impórtales la suerte del pueblo colombiano” señaló Argelio Pérez Fabra, integrante del PDA.

Por su parte, la ex diputada Gladys Oliveros indicó que “las colombianas y los colombianos tenemos en nuestras manos, la forma de terminar con un régimen que ha dejado un reguero de muertos por todo el país y ha sumido en la más grande miseria (cerca de 9 millones de colombianos)  que viven con un dólar diario. Otros cerca de 5 millones  deambulan por las calles de las principales capitales  porque han sido expulsados de sus parcelas por los grupos paramilitares”.

Diarios de la derecha internacional cuadrados con Mockus

La prensa internacional que representa los intereses de la centro derecha, ya se cuadró con el candidato del Partido Verde Antanas Mockus.

Así, el Abc de España y The Guardian del Reino Unido, asiduos atacantes de los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina, dedican gran centimetraje a la opción de Mockus.

El diario español señala que el candidato verde, “sabe sanear las arcas, y parece pecar de buenísimo” en un artículo titulado “Político de lágrima fácil”.

Por su parte, la publicación británica asegura “que Colombia podría hacer algo extraordinario este domingo al elegir a su primer candidato de un partido verde y asegura que si este candidato gana sería el homenaje a la recuperación de un país en crisis”

No se quedan atrás en EEUU, donde Andres Openheimer, el archiconocido columnista contrarrevolucionario, publicó una nota de opinión en Miami Herald en la que habla sobre el progresismo del candidato presidencial Antanas Mockus, preguntándose si este candidato es mejor para un país como Colombia o si lo es para un país como Finlandia.

“Los críticos dicen que él (Mockus) seria un gran presidente pero de Finlandia, no de Colombia”, dice la columna. Y luego de darle un espaldarazo, dice que no está “tan convencido, como se ha sugerido, de que Mockus ganaría las elecciones en una segunda vuelta”.

En medio de amenazas

Mediante un comunicado emitido por el partido político opositor Polo Democrático Alternativo (PDA) se ratificó la denuncia del peligro que corren el candidato presidencial Gustavo Petro y el Representante a la Cámara del PDA y activista por los DDHH, Iván Cepeda, indicó la corresponsalía especial del Correo del Orinoco en Bogotá.

La presidenta del PDA y candidata a la Vicepresidencia Clara López, ofreció una rueda de prensa el pasado miércoles, en la que manifestó su preocupación por la sistemática campaña intimidatoria y el asesinato de líderes sociales de base, vinculados al Polo y a otros partidos.

Precisaron que dos fuentes diferentes alertaron de la inminencia de los preparativos de dos atentados con carro bombas y sicarios para Petro y para Iván Cepeda. Estas nuevas amenazas provienen de grupos vinculados con el paramilitarismo.

Hace una semana Petro denunció haber sido alertado de posibles ataques por parte de las FARC. Debido a esta nueva amenaza el Candidato suspendió una visita a comunidades indígenas del Municipio Caldas en la localidad de Rio Sucio.

Clara López se solidarizó con la denuncia e invitó a toda la ciudadanía a reflexionar sobre este tema, por las amenazas que han recibido también los abanderados del Partido Verde Antana Mockus, el atentado sufrido por el candidato de la U, Juan Manuel Santos en la sede de Pasto y la explosión de un petardo en una caravana del Liberal Rafael Pardo. Solicitó al Estado Colombiano mayor protección y garantías de seguridad para el desarrollo de los próximos comicios del domingo 30.

En el comunicado del PDA repudian el asesinato de los activistas vinculados a la reparación de las víctimas y de los desplazados del conflicto armado; Ivan de la Rosa en Barranquilla, Rogelio Tunusco en Buga, Rogelio Martínez en San Onofre y el sindicalista Francisco Antonio Abello Rebollo en San Juan Paloprieto en Magdalena.

También señalaron que los senadores Jorge Enrique Robledo, Guillermo Alfonso Jaramillo y Alexander López han sido amenazados por el grupo Los Rastrojos. Mientras que el Concejal de Bogotá y Carlos Bula han sido intimidados por el Bloque Central de las Águilas Negras.

Fraude »no se puede evitar»

Mientras, el registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Carlos Ariel Sánchez, reconoció en una entrevista exclusiva concedida a la multiestatal Telesur, que «no se puede evitar el fraude» en las elecciones presidenciales que se realizarán en esa nación el próximo domingo, porque presuntamente existen «falta de recursos» para atacarlo.

Sánchez expresó que «nosotros sólo registramos, pero no podemos hacer nada para evitar las prácticas de corrupción», en relación al proceso  que se desarrollará este 30 de mayo, al que están convocados poco más de 29 millones de colombianos.

En clara alusión a lo acontecido el pasado 14 de marzo, durante las elecciones legislativas, no descartó que pudiese repetirse la situación en la que observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunciaron delitos electorales, en especial la compra de votos en seis departamentos de ese país.

T/Redacción CO
F/Archivo CO