En el sofocante estadio de baloncesto al sur de Gaza, la grada está abarrotada. Jóvenes, ancianos y familias se sientan en las butacas de plástico azules y amarillas. Sus ojos están clavados en la pista.
Pero no hay partido y esta gente no son seguidores de ningún equipo, sino viajeros esperanzados. La muchedumbre carga con maletas y lleva tiempo esperando para salir. Algunos de ellos durante meses.
En medio de la enorme sala, un funcionario se sienta en una mesa de madera con una lista de personas que han recibido aprobación ese mismo día para salir a Egipto. Cada vez que pronuncia un nombre en voz alta, esa persona se puede subir al autobús con dirección al otro lado de la frontera.
Una mujer de 60 años dice que lleva intentando recibir permiso de las autoridades egipcias para salir de Gaza un año y cuatro meses. Aunque es palestina, ha vivido durante las últimas tres décadas en Alemania, donde tiene la ciudadanía, pero volvió para lo que ella pensaba que sería una breve visita a sus padres.
“Me registré para viajar [fuera de Gaza] una semana después de llegar. Esta es la primera vez que estoy en la lista”, cuenta Mufida sosteniendo su pasaporte alemán. “Hoy no han pronunciado ni un nombre”, añade.
Mufida, que prefiere no dar su apellido, recibió una llamada la semana pasada anunciando que se le había concedido el permiso para salir, pero que tendría que esperar a que dijesen su nombre. Lleva cuatro días esperando en la pista de baloncesto. Existen rumores de que por varios miles de dólares puedes ir al otro lado de la frontera, pero Mufida sonríe y señala que no tiene ese dinero. “Nadie debería volver aquí”, señala. Sus siete hijos le esperan en Alemania.
Un bloqueo de una década sobre Gaza, la pequeña porción de tierra rodeada por Israel, Egipto y el Mediterráneo, ha llevado al derrumbe de su economía. El enclave es calificado a menudo como una cárcel al aire libre. Se esperaba que tras dos meses de protestas desencadenadas por la ira y la desesperación, la crisis para los dos millones de palestinos amainara.
¿SEGURIDAD O CASTIGO COLECTIVO?
Desde finales de marzo, decenas de miles de personas se han juntado semanalmente junto a la frontera con Israel para protestar contra las condiciones en las que viven. En medio del clamor internacional y peticiones de investigación, el Ejército israelí ha matado a tiros a 110 personas y otros miles han sufrido heridas de bala, principalmente en las piernas, según las autoridades sanitarias.
El movimiento alcanzó su momento álgido el 14 de mayo, cuando unas 40.000 personas bajaron a la zona fronteriza, muchos de ellos lanzando piedras a las fuerzas israelíes desplegadas detrás de la valla. Hubo intentos de romper el perímetro, aunque ninguno tuvo éxito y otros muchos heridos recibieron disparos decenas de metros más atrás de la valla fortificada, incluidos paramédicos.
Las concentraciones del lunes estuvieron centradas en la consternación por la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén ese mismo día. Y los organizadores de las propuestas han llamado al movimiento la ‘Gran Marcha del Retorno’, que exige que se permita a los refugiados y a sus descendientes –dos tercios de los residentes de Gaza– volver a sus hogares, los cuales perdieron en la guerra de 1948 tras la creación de Israel.
Pero el objetivo prioritario era acabar con el bloqueo, cuenta Mkhaimar Abusada, politólogo en la Universidad Al Azhar de Gaza. “Ese es el objetivo número uno de la protesta, incluso aunque el eslogan sea la Gran Marcha por el Retorno. Lo más importante de la protesta era romper el asedio y vivir en libertad y dignidad. Vivir una vida mejor”, señala Abusada.
Israel dice que está obligada a controlar el acceso al territorio por razones de seguridad, aunque la ONU ve el bloqueo como un castigo colectivo.
Egipto, que acusa a los gobernantes de Gaza, Hamás, de pasar de contrabando combatientes y armas, solo abre periódicamente el paso fronterizo de Rafah, situado al sur de la franja. La semana pasada se pudieron ver camiones con cemento y madera y El Cairo anunció que el cruce permanecería abierto durante el mes de Ramadán, la apertura sin interrupciones más larga desde 2013.
En los últimos días han cruzado unas 500 personas al día, aunque miles más permanecen en las listas. El viaje está prácticamente restringido a pacientes y estudiantes matriculados en universidades en el extranjero, así como a ciudadanos de doble nacionalidad.
LOS DISPAROS, APOYADOS POR EL 83% DE ISRAEL
Israel, sin embargo, no ha cambiado significativamente la política de acceso en sus cruces fronterizos. Israel sostiene que los palestinos prendieron fuego a un puesto de control, aunque posteriormente envió algunos suministros médicos a Gaza a través del mismo. Hamás rechazó los camiones llenos de ayuda, denunciándolos como una estrategia propagandística. Otros cuatro camiones de Jordania llenos de suministros médicos recibieron autorización el viernes para cruzar el puesto fronterizo, según informó la ONU, aunque el acceso sigue muy restringido.
Las protestas no han logrado provocar mucho apoyo en Israel, donde el baño de sangre se ha enmarcado en gran parte como una respuesta a una potencial amenaza a la seguridad contra los israelíes. Un soldado israelí ha resultado herido desde que empezaron las protestas. Una encuesta realizada este mes halló que el 83% de los israelíes judíos cree que la política de abrir fuego está justificada.
El Ejército de Israel culpa a Hamás de las muertes en las protestas, afirmando que ha puesto a civiles en la línea de fuego. El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, calificó a Hamás como un “puñado de caníbales”.
Yehuda Shaul, uno de los fundadores de Breaking the Silence, un grupo de derechos humanos israelí en contra de la ocupación y dirigido por exmilitares, afirma que la mayor parte de la sociedad israelí judía “ha comprado, por desgracia, los argumentos del Gobierno”. “Fue desolador ver la respuesta de la mayoría de Israel”, cuenta.
La voces de indignación han sido en su mayoría silenciadas y marginadas. Pequeñas protestas por todo el país condenando el uso de munición real apenas han alcanzado unos pocos centenares. “Hay una voz de oposición. Es una minoría, pero existe”, cuenta Shaul. “Hay una voz y estamos orgullosos de ello, pero somos una minoría”, añade.