Las sanciones de EEUU, incluso según estimaciones desactualizadas, han matado a decenas de miles de venezolanos. Las políticas unilaterales impuestas han sido ampliamente condenadas por organismos multilaterales y expertos en derechos humanos debido a su impacto mortal, así como por violar el derecho internacional (Venezuelanalysis, 9/18/21, 9/15/21, 3/25/21, 1/31/19).
Pero los lectores/espectadores de los medios corporativos del Norte global son completamente ajenos a esta realidad, ya que los medios del establishment han hecho todo lo posible por respaldar las sanciones. Blanquean por completo sus efectos (FAIR.org, 6/4/21, 12/19/20), escribiendo, por ejemplo, que Washington ha solamente “sancionado al gobierno” (AP, 5/21/22).
Una reciente apertura política, microscópica para empezar y cerrada con bastante rapidez, puso en evidencia todos estos rasgos deshonestos, ilustrando la libertad que tienen los funcionarios estadounidenses para seguir infligiendo un castigo colectivo a las y los venezolanos sin ser cuestionados.
Taquígrafos tranquilos
El 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de EEUU permitió a la empresa petrolera estadounidense Chevron hablar con Pdvsa, la compañía petrolera estatal venezolana, para discutir sus operaciones en el país. Los funcionarios dejaron claro que el gigante energético seguía teniendo prohibido perforar o comerciar con crudo venezolano (AP, 17/5/22).
Dos semanas después, la Casa Blanca renovó la licencia actual de Chevron, que sólo permite trabajos de mantenimiento, hasta noviembre. Sin embargo, esta breve apertura reveló algunas tendencias claras.
En primer lugar, todos los medios de comunicación de la gran prensa tenían prácticamente el mismo titular, señalando que EEUU “alivia algunas sanciones” (NBC, 17/5/22), que iba a “aligerar algunas sanciones económicas” (AP, 17/5/22) o que “empieza a aligerar las restricciones” (Washington Post, 17/5/22) sobre Venezuela. Y aunque el estrecho alcance de la autorización dejaba pocas alternativas para la elección de palabras, ciertamente no obligaba a los periodistas corporativos a ceñirse a la información que les habían proporcionado “funcionarios anónimos”.
Ni un solo medio del establishment mencionó que las sanciones tienen un impacto en las y los venezolanos de a pie. En su lugar, el privilegio de “sólo hablar” con los ejecutivos petroleros fue pintado como un incentivo para que el presidente Nicolás Maduro reanude las conversaciones con la oposición.
Los escasos antecedentes/contexto proporcionados en la mayoría de los artículos dejaron lugar a muchas interpretaciones. Al referirse a la razón por la que se rompieron las conversaciones entre el Gobierno y la oposición el pasado mes de octubre, se dijo a los lectores que Maduro se alejó tras la “extradición de un aliado cercano/clave” a EEUU (Washington Post, 17/5/22; AP, 17/5/22). Sin embargo, no se mencionó el hecho de que, según documentos revelados por Caracas, el “aliado” en cuestión (Alex Saab) tiene inmunidad diplomática, y que Washington violó la Convención de Viena al hacer que lo arrestaran en el extranjero y lo extraditaran (FAIR.org, 21/7/21).
Los medios corporativos continuaron con el hábito de hacerse eco de las acusaciones infundadas contra el Gobierno de Maduro como verdades absolutas, ya sea sobre el fraude electoral (FAIR.org, 1/27/21), el tráfico de drogas (FAIR.org, 9/24/19) o la censura de los medios de comunicación (FAIR.org, 5/20/19). La consecuencia es que, a estas alturas, ningún editor se inmuta ante una descripción del Gobierno venezolano como “autoritario” (Washington Post, 17/5/22), “autocrático” (CNN, 17/5/22) o “corrupto y represivo” (New York Times, 17/5/22).
Los periodistas del establishment también se hicieron eco de las amenazas de estilo mafioso de sus fuentes anónimas, a saber, que Estados Unidos “calibrará” las sanciones, en función de si se consideran aceptables los avances en las conversaciones entre el Gobierno y la oposición (Reuters, 17/5/22; NBC, 17/5/22; AFP, 17/5/22; AP, 17/5/22). Los funcionarios estadounidenses se refieren a las políticas que están matando a miles de civiles como si se tratase de un interruptor que pueden subir o bajar a voluntad, y sus colaboradores en los medios de comunicación no ven ninguna razón para alarmarse por ello.
Por su parte, el New York Times (17/5/22) describió las medidas como “un alivio menor de las sanciones”, lo cual, a pesar del adjetivo, sigue pareciendo un poco exagerado, teniendo en cuenta que las sanciones incluyen un embargo petrolero y que esto era sólo una oportunidad para hablar con Chevron. El periódico de referencia también trató de pintar las sanciones como algo que tiene poco que ver con el colapso de la industria petrolera de Venezuela, escribiendo que las mismas apenas comenzaron en 2019. De hecho, las primeras medidas contra Pdvsa –que le cortaron el crédito internacional– son de mediados de 2017, después de lo cual la producción se derrumbó de casi dos millones de barriles diarios, a 350.000, en tres años (Venezuelanalysis, 27/8/21).
Simultáneamente, la española Repsol y la italiana Eni obtuvieron licencias para cobrar deuda con petróleo que “no beneficiarán [a PDVSA] financieramente” (Reuters, 6/5/22). Y ningún periodista corporativo encontró ningún problema en el hecho de que, de alguna manera, el Departamento del Tesoro de EEUU tenga el poder de “permitir” a las corporaciones europeas negociar con Venezuela.
No todas las críticas son iguales
El hecho de que el Gobierno de Biden revise su política de sanciones aunque sea un poco, ha generado una feroz reacción que impulsó el sesgo de los medios corporativos. La sección de opinión del Wall Street Journal aportó su habitual extremismo, con la integrante del consejo editorial, Mary Anastasia O’Grady, (26/5/22) quien escribió que Estados Unidos podría estar “caminando de puntillas hacia un acercamiento con el dictador Nicolás Maduro que abandonará la causa de la libertad venezolana”.
La columnista del Journal se refirió al “presidente interino” de la oposición venezolana no elegido, Juan Guaidó, como “reconocido internacionalmente”, cuando el número de países que realmente lo reconocen se reduce a 16 (Venezuelanalysis, 12/8/21). De igual modo, presentó el golpe militar de 2002, respaldado por Estados Unidos, que depuso brevemente al presidente democráticamente electo, Hugo Chávez, como “opositores que defienden el estado de derecho utilizando las instituciones”.
Pero también hubo mucho sesgo en los reportajes a la hora de sopesar los pros y los contras de la iniciativa de la administración Biden. De hecho, sólo las críticas “de halcones” a la política oficial obtienen atención (FAIR.org, 5/2/22).
Un grupo de figuras de la oposición venezolana, desde economistas hasta analistas políticos y líderes empresariales, escribió una carta al Gobierno de Biden en abril en la que pedía un alivio de las sanciones (Bloomberg, 14/4/22). Aunque admitían el supuesto papel de Estados Unidos en la solución de la crisis política del país, señalaban lo evidente: las sanciones están perjudicando al pueblo venezolano. Sin embargo, cuando llegó el momento de discutir la política de sanciones, ninguna de estas figuras fue contactada por los periodistas corporativos para comentar al respecto.
En cambio, The Guardian (14/5/22) se acercó a los partidarios de la línea dura, para entrevistar a alguien con un cargo inventado en el “gobierno interino” de Guaidó y a quien llamaron “viceministra de Asuntos Exteriores del país.” La política patrocinada por EEUU se opuso al alivio de las sanciones sin concesiones políticas y –siguiendo las últimas tendencias de la propaganda– advirtió que “si se ayuda a Maduro, también se ayuda a Putin.”
Varios demócratas de la Cámara de Representantes de EEUU se han vuelto cada vez más firmes en su oposición a la política de la administración hacia Venezuela, basándose en sus consecuencias humanitarias. Días antes de los tímidos acercamientos, escribieron otra carta a Biden (The Hill, 5/12/22). Pero cuando llegó el momento de evaluar la última medida, esta carta obtuvo un gran total de una frase en un solo reportaje (AP, 5/17/22).
Por el contrario, el senador Marco Rubio (The Guardian, 19/5/22) y el representante Michael McCaul (The New York Times, 17/5/22), ambos republicanos de línea dura, estuvieron presentes para acusar a la administración de “apaciguar” o “capitular ante” Maduro. El único demócrata destacado fue el notorio halcón anticubano y antivenezolano Bob Menéndez, cuyo rechazo a mostrar cualquier tipo de piedad con Venezuela fue ampliamente difundido (AP, 17/5/22; AFP, 17/5/22; NBC, 17/5/22; The Washington Post, 17/5/22; Reuters, 17/5/22).
Sorprendentemente, incluso después de que el Gobierno de Biden decidiera dar una patada a la licencia de Chevron hasta las elecciones de mitad de período, medios como Associated Press (27/5/22) siguieron apoyando a los partidarios de la línea dura. Y así, sin cambios significativos en los esfuerzos de “máxima presión” de Trump, la audiencia de los medios corporativos verá a la Casa Blanca reprendida por “agachar la cabeza para apaciguar a un déspota del petróleo”, pero no por ocasionar la desnutrición del 30 por ciento de la población venezolana (Venezuelanalysis, 8/22/21).
Imperialistas en el país de las maravillas
Si los periodistas occidentales no están dispuestos a decir a su audiencia lo que han significado las sanciones, están aún menos dispuestos a desafiar las falsedades absolutas que provienen de figuras de alto rango del entorno.
En un informe de Bloomberg (19/5/22), los autores Patrick Gillespie y Erik Schatzker recorrieron un camino conocido al permitir que el alto asesor de la Casa Blanca, Juan González, hiciera de secuestrador, exigiendo que el alivio de las sanciones requiriera “pasos democráticos” no especificados y “mayores libertades políticas”. Pero en el proceso, publicaron una escandalosa y descarada mentira.
“El levantamiento unilateral de las sanciones a Venezuela no va a mejorar la vida de los venezolanos”, citó Bloomberg a González. Sorprendentemente, los autores dejaron que esta afirmación saliera a la luz sin oposición, cuando en realidad el levantamiento de las sanciones es lo más obvio que podría hacer Estados Unidos para mejorar la vida de los venezolanos.
El Gobierno venezolano, las figuras/grupos de la oposición venezolana, los relatores especiales de la ONU, los grupos de presión, los economistas, los representantes de EEUU e incluso la Cámara de Comercio de EEUU han documentado o al menos reconocido las consecuencias perjudiciales de las sanciones unilaterales. No incluir ni una sola de estas fuentes para contrarrestar la absurda afirmación de González es una elección tan deliberada como deshonesta.
La última aparición de Venezuela en el candelero demostró una vez más lo clave que son los medios de comunicación corporativos para la política exterior estadounidense. Con sus esfuerzos “calibrados” para ocultar las consecuencias de las sanciones, los periodistas occidentales han logrado, de hecho, que miles y miles de víctimas venezolanas sean invisibles para el público. Son ellos los que merecen ser sancionados.