El Ministerio Público, con el respaldo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, allanó la semana pasada a un total 15 empresas -trece de estas sin domicilio fiscal- que cometieron fraudes cambiarios contra la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), tras recibir dólares preferenciales para importar medicinas y alimentos para el pueblo venezolano, informó el fiscal General de la República, Tarek William Saab.
Al ofrecer un balance de la investigación, el representante del Poder Ciudadano, precisó que estas empresas fantasmas recibieron un total de 85 millones de dólares preferenciales, causando así un daño patrimonial al Estado venezolano.
«Se burlaron del Estado y de la gente, hablando de que iban a importar alimentos y medicinas, y ya hemos visto que muchas de estas empresas ni siquiera existen», expresó.
Saab anunció, en ese sentido, que el Ministerio Público ya dictó orden de aprehensión contra los representantes de estas empresas, así como la incautación de sus bienes.
AZUCARERA RIO TURBIO Y SOBREPECIO EN IMPORTACIONES
El fiscal General de la República también anunció que la empresa Azucarera Río Turbio C.A, cuyo representante legal es Ricardo Peña (quien ya tiene orden de aprehensión), recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017. Aclaró que, a diferencia de las empresas antes mencionadas, esta sí tenía domicilio fiscal.
“Se calcula que el sobreprecio de esta Azucarera en las importaciones fue de 235 por ciento”, detalló.
PRIVADO DE LIBERTAD PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA
Igualmente, como parte del allanamiento a estas 15 empresas, fue privado de libertad José Wolfgan Báez, propietario y representante legal de lmportaciones Constructora TJL C.A.
“Esta empresa recibió 3, 2 millones de dólares y se le imputó por los delitos de obtención ilegal de divisas, legitimación capitales y asociación para delinquir”, dijo.
El máximo representante del Ministerio Público agregó que ya fueron bloqueadas las cuentas bancarias de esta empresa constructora, y también fue ordenada la incautación de bienes materiales.
Texto/Luis Lovera Calanche
Foto/Archivo