Dos altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC) de Estados Unidos fueron destituidos semanas después de que la institución elaborara un informe que contradecía la narrativa de una supuesta conexión entre el Gobierno venezolano y el extinto grupo criminal Tren de Aragua.
Esta narrativa fue utilizada por la administración del entonces presidente Donald Trump para justificar la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros y la deportación de migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ordenó el despido del presidente interino del NIC, Michael Collins, y de su suplente, Maria Langan-Riekhof, según confirmó un portavoz de su despacho. Si bien estas acciones se presentan como un esfuerzo de Gabbard por combatir la politización de los organismos de inteligencia estadounidenses, fuentes internas sugieren que los despidos responden a la percepción de que estos funcionarios no cooperaban con la agenda política de Trump.
El NIC es la principal entidad encargada del análisis de inteligencia clasificada y la elaboración de informes secretos para el presidente y otros altos cargos del gobierno estadounidense. Sus análisis abarcan desde el estudio de amenazas globales hasta la investigación de incidentes sanitarios anómalos.
Jonathan Panikoff, funcionario suplente de inteligencia nacional para Oriente Próximo, criticó la decisión, afirmando que «cualquier acción que reduzca su independencia porque a los políticos no les gustan las conclusiones independientes que concreta, es la definición de la politización que están condenando. Michael y Maria son líderes increíbles y profesionales de la comunidad de inteligencia, no actores políticos».