Directiva de la AN adeuda más de 6 millones de bolívares en pasivos laborales

El Sindicato Revolucionario de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Popular Legislativo Nacional (Sinolan) denunció que la actual directiva de la Asamblea Nacional (AN), instancia que se encuentra en desacato de órdenes judiciales, adeuda 6 millones 300.000 bolívares por concepto de pasivos laborales a 3.500 empleados.

Carlos Arévalo, secretario general de Sinolan, precisó que la deuda correspondiente a 2016 suma 3 millones 800.000 bolívares, mientras que entre enero y agosto de este año se han acumulado 2 millones 500.000 bolívares.

Durante una protesta que realizaron este miércoles los trabajadores en la sede administrativa de la AN, en el centro de Caracas, Arévalo detalló que el incumplimiento de pago también afecta a los trabajadores del Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Indígena.

En enero de este año, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) pagar los salarios, mientras la junta directiva de la AN se mantenga en desacato de las decisiones de esta sala. La decisión es extensiva a todos los funcionarios (activos y jubilados), empleados, obreros y contratados.

A pesar de que el Ministerio de Finanzas ha aprobado el dinero para gastos de funcionamiento y el pago de los salarios, apuntó Arévalo, la administración de la AN no ha solicitado los créditos correspondientes, por lo que hay retrasos en el pago de las quincenas.

En Sinolan están afiliados 2.000 trabajadores, pero la situación afecta a todos los empleados de la AN, quienes no han recibido en los últimos 21 meses uniformes, calzado ni otros beneficios contemplados en la convención colectiva, como el suministro de alimentos a 321 hijos de empleados que estudian en el preescolar Argelia Laya y en el maternal Nuestra Divina Pastora.

El dirigente sindical indicó que en los últimos meses la junta directiva ordenó la contratación de 835 nuevos trabajadores, lo que calificó como “un incremento abrupto de la nómina” que ha afectado el pago de los pasivos laborales,a pesar de que se ha negado a la discusión del nuevo contrato colectivo. De estos 835 empleados, 151 no cumplieron con el concurso público de oposición.

La falta de recursos ha perjudicado los servicios. En las oficinas no hay aire acondicionado y ni siquiera hay tinta para las impresoras, se quejaron los empleados.

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES

Arévalo deploró que mientras se mantiene la deuda laboral, el presidente de la AN, Julio Borges, quien ejerce ilegalmente el cargo por haber sido electo mientras el Parlamento se halla en desacato, mantiene una gira internacional para solicitar sanciones económicas y una intervención extranjera contra Venezuela.

“Aquí tenemos un patrón que anda paseando por el mundo, hablando mal del país. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha, junto al presidente Nicolás Maduro y con la Asamblea Nacional Constituyente, a la cual le solicitamos que tomara parte de las funciones administrativas de la Asamblea Nacional”, declaró a AVN.

Cory Bautista, abogada tipo 1 con 17 años de servicio en el Parlamento, refirió que hasta 2015 -cuando la directiva estuvo en manos de la bancada revolucionaria- nunca hubo retrasos en los pagos.

“Los obreros no están cobrando semanal, a veces hay retrasos en el pago de las quincenas. Nos deben pasivos laborales, como caja de ahorro, que no la depositan desde noviembre. No cancelan las cuotas al Banco Nacional de la Vivienda ni del Seguro Social, como tampoco pagan los fideicomisos ni la pensión alimentaria para los hijos de los trabajadores”, se quejó.

Deyanira Rivero, empleada y madre de dos niños, denunció que desde 2016 la Asamblea Nacional no paga a los proveedores que suministran los alimentos, por lo que los niños no reciben desayuno, almuerzo ni merienda. “Nos están violando nuestros derechos y el de nuestros hijos”, exclamó.

Guillermo Quintana, jubilado, denunció que el Sindicato Nacional de Funcionarios y Funcionarias (Sinfucan) que defiende los intereses de la junta directiva, hace descuentos a la nómina que no son autorizados por los empleados.