La investigación en torno al hermano del expresidente de Colombia Santiago Uribe llega a su fase final. Entre los días 3 y 7 de diciembre se conocerá la sentencia contra este ganadero al que la Fiscalía acusa de dos delitos: de la conformación del grupo paramilitar de los Doce Apóstoles y del asesinato del conductor de autobús Camilo Barrientos en el año 1994.
El hermano del ahora senador lleva siendo investigado 20 años, sin embargo, el proceso ha sido archivado en varias ocasiones por falta de pruebas y porque se cuestionó la credibilidad de varios testigos. Los Uribe defendían que se trataba de una persecución política. Sin embargo, en el año 2010 todo cambió gracias al testimonio del policía Juan Carlos Meneses que señaló directamente a Santiago Uribe.
El comienzo de los años 90 en Colombia es una época oscura en la que grupos paramilitares, que primero se formaron dentro de la legalidad y que llevaban a cabo las llamadas «limpiezas sociales», se convirtieron en el brazo armado del poder contra la guerrilla. Una de las zonas calientes de la época se sitúa en Antioquia, zona en la que los Uribe tienen numerosas propiedades como la finca de la Carolina y en la que, al parecer, operó el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles. La organización tomó este nombre porque uno de sus miembros era un sacerdote.
La cifra varía entre unas fuentes y otras, pero los defensores de los derechos humanos aseguran que el grupo paramilitar de los Doce Apóstoles fue responsable de más de 500 asesinatos a principios de los 90. El grupo se encargaba de llevar a cabo labores de ‘seguridad’ y ‘ limpieza’ matando de manera aleatoria tanto a miembros de la guerrilla como a drogadictos.
«En el año 1996 se determina que las pruebas no son serias», dice Daniel Prado, abogado de la parte civil en este proceso. «En el año 2010 aparece un oficial de la policía colombiana, que prestó servicio como comandante en la sección de Yarumal y cuenta cómo prestó su colaboración para los delitos que cometieron los Doce Apóstoles», narra en la redacción de eldiario.es. «Además de eso, hace referencia a que la persona que dirigía el grupo para militar era el señor Santiago Uribe Vélez».
Según las palabras del abogado, la repercusión que puede tener un fallo en contra de Santiago Uribe es la demostración de algo que se ha denunciado en Colombia desde hace décadas: el uso de la criminalidad para llegar al poder político en el país. «Este es el inicio de lo que después se conoció como el paramilitarismo».
«Si logramos demostrar que esto no solo se produjo en la región de Antioquia sino que esta política también se utilizó en otra hacienda propiedad de los Uribe como es la de las Guacharacas en esos mismos años, podremos ver que realmente fueron ellos los que iniciaron ese laboratorio de una política para garantizar el ser dueños del poder económico y político de Colombia», asegura Prado.
¿Un hito en la justicia colombiana?
En Colombia, las autoridades han condenado a muchas personas «vinculadas a los partidos políticos que han apoyado a Uribe Vélez en diferentes candidaturas por su participación con grupos paramilitares y muchos de los miembros de los gobiernos de Uribe están hoy condenados por delitos de corrupción», recuerda Prado.
Sin embargo, este es un proceso único porque apunta directamente a un presidente y porque no hay ningún otro que haya llegado a estar tan avanzado. Prado considera que Álvaro Uribe, desde lo alto del poder, ha conseguido frenar otras investigaciones que seguramente le hubieran salpicado. «Será histórico, esperamos, en la medida de que después de 20 años se conozca por fin la verdad sobre estos homicidios del grupo de los Doce Apóstoles», asegura Andrés Celis, investigador especializado en paramilitarismo de la Universidad del Rosario.
Aún con todo, los especialistas dudan de que esto repercuta de manera directa en el senador. «Al expresidente lo pueden ver un día matando a la mamá y al otro ganar las elecciones. Es uno de los famosos populistas», dice Ariel Fernández Ávila, politólogo y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. «Políticamente es muy difícil que le pase algo. Ni sus militantes, ni los senadores van a renunciar. Controla su partido y todo aquel que lo apoya sabe que esto podía pasar en algún momento». Fernández Ávila ha reconocido en eldiario.es que, aunque se piden «entre 27 y 40 años de cárcel» para el ganadero Uribe, «en la vida real» cumpliría como mucho «10 o 12».
Por su parte, el nuevo Gobierno encabezado por Iván Duque, apadrinado de Uribe, parece dispuesto a enfriar el acuerdo de paz alcanzado hace dos años con las FARC y un posible acercamiento al ELN.
«Quienes manejan el poder el Colombia han entendido que si el país logra la pacificación», alerta Prado sobre la pausa en los diferentes procesos de pacificación con los grupos de guerrilla, «la sociedad va a buscar un cambio y va a tratar de escoger entre modelos económicos y futuras administraciones del país». «Colombia tiene una corrupción absoluta en todas las esferas del poder público y hay once millones de personas que salieron a la calle para pedir que se acabase con esto. Eso se puede traducir en once millones de votos y Duque consiguió diez millones», apunta.
«Necesitan la presencia de un enemigo interno, de una guerrilla armada, para seguir manteniéndose en el poder. Ellos son las mismas personas que manejan hoy el país», concluye.