Docentes, obreros, técnicos y estudiantes del Frente Universitario Antiimperialista, en el estado Mérida, expresaron su respaldo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que exhorta a la elección de nuevas autoridades universitarias en casas de estudio con equipo rectoral caduco.
Las voceras y voceros de esta organización, creada para el rescate de las universidades y la lucha reivindicativa, realizaron un pronunciamiento público, este martes, en el núcleo Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos, perteneciente a la Universidad Nacional del Turismo (Unatur).
«El Frente Universitario Antiimperialista del estado Bolivariano de Mérida, respalda de manera contundente, la decisión tomada por el TSJ y exige a las autoridades ilegales de la Universidad de Los Andes (ULA), que faciliten el desarrollo de unas elecciones», expresó el docente de esa casa de estudios y coordinador del frente universitario, Alfonso Rodríguez.
Haciendo lectura de un pronunciamiento, suscrito por diferentes sectores, Rodríguez también exhortó a la Comisión Electoral de la ULA, para que active las acciones a que haya lugar, a fin de concretar en plazo de seis meses una elección universitaria igualitaria, de acuerdo con los postulados de la Ley Orgánica de Educación (2009), para saldar así una deuda de legitimación, que data de 2012.
«Esta universidad Bicentenaria pertenece a un pueblo y al Estado venezolano, en particular, al pueblo merideño», sentenció el docente, a nombre de la amplia comunidad, aglutinada en el Frente Universitario Antiimperialista y en apoyo a la sentencia del TSJ, emitida el 27 de agosto reciente.
Abrir universidades al pueblo
El historiador, cronista y docente universitario de la ULA, Alirio Liscano, expresó que lo peor, ocurrido a las universidades venezolanas, es que sus autoridades temporales hayan pretendido colocarlas de espalda al proyecto nacional de país.
«Es imposible e incorrecto aislar a la universidad de la sociedad. Más aún, cuando ésta demanda universidades abiertas a toda la colectividad y sus sectores», sostuvo Liscano, acompañado por una representación de obreros, técnicos, estudiantes, docentes y egresados.
Por otra parte, la sentencia del TSJ honra el reglamento electoral vigente de la ULA (2003), en su resolución 2044, cuyo artículo 3, parágrafo único, establece que la comunidad universitaria está constituida por docentes, investigadores, activos y jubilados; personal administrativo, técnico y de servicio; estudiantes activos y egresados, agregó otro integrante del frente y empleado, Egberto González.
Para amplios sectores de la ULA, el dictamen del TSJ irrumpe contra alegatos peyorativos, sostenidos hasta ahora, por varias asociaciones de rectores, empeñadas en desconocer el derecho de obreros y estudiantes a participar, en condiciones de igualdad, en la elección de rectores y de otras autoridades.
Dicha medida, es extensiva, en primer orden a la Universidad Central de Venezuela (UCV). Pero también alude a las casas de estudio ULA, Universidad del Zulia, Universidad de Carabobo, Universidad Simón Bolívar, Universidad Centro Occidental «Lisandro Alvarado», Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre» y la Universidad Católica Andrés Bello.